Finalmente serán 986.500 euros los que deba abonar el ayuntamiento de Lucena en concepto de cuotas de la Seguridad Social no satisfechas en su momento por los contratos laborales realizados desde 2018 al amparo de programas de fomento del empleo como el Plan Aire, el Programa Emple@Joven o el Emplea @mprende+ de la Junta de Andalucía.
Las liquidaciones definitivas practicadas ahora son el resultado de la aplicación, por parte de anteriores equipos de gobierno, de criterios diferenciados al establecer el salario de los trabajadores contratados a través de estos programas, adecuando sus sueldos a las subvenciones recibidas en lugar de hacerlo respeto a las tablas salariales definidas en el convenio marco, que regula las relaciones laborales con el resto de personal municipal.
El concejal de Personal, Francis Aguilar, ha explicado que el ayuntamiento ha aceptado esta liquidación definitiva y ha solicitado un aplazamiento del pago de la misma en un periodo de cinco años, realizando ya la aportación correspondiente a la "cuota inaplazable" por valor de 194.401 euros. El resto de cuotas se establecen en 14.546 euros mensuales, lo que generará unos intereses de demora de 82.708 euros, aunque Aguilar ha adelantado que el consistorio espera poder adelantar los pagos sin agotar el plazo otorgado.
OTROS 800.000 EUROS POR COSTES SALARIALES NO SATISFECHOS
Además, Aguilar ha adelantado que el ayuntamiento deberá hacer frente al pago de unos 800.000 euros adicionales, correspondientes a las diferencias salariales no abonadas en su día a estos trabajadores, que en su mayoría han reclamado judicialmente dichas cantidades más los intereses generados, en algunos casos, desde 2018. La cantidad no es definitiva, porque aún hay señalamientos de algunos juicios para los meses de mayo y junio.
Aguilar ha señalado que esta situación "es fruto de una mala gestión de anteriores equipos de gobierno socialistas, que no han llevado bien esta delegación".
El actual responsable municipal de Personal ha señalado que "desconoce" si, en su momento, hubo "algún informe emitido por los técnicos de recursos humanos" que desaconsejase esta práctica, aunque "el responsable último de estos contratos era el propio concejal de Personal, que es quien tiene que tomar la decisión" y solicitar esos informes en caso de duda.
Para Aguilar es evidente que no se puede adecuar el salario de un trabajador a una subvención cuando existe un acuerdo marco que regula estas prestaciones, y así lo explicita un informe realizado por el actual técnico de Recursos Humanos a requerimiento del actual equipo de gobierno, tras conocer las primeras notificaciones provisionales por parte de la Inspección de Trabajo. El informe es tajante al señalar que "la exclusión de este tipo de trabajadores del Convenio Marco es contraria al principio de igualdad ante la ley, derivado de los artículos 9 y 14 de la Constitución"
