En este sentido, el acuerdo, dotado de 5.000 euros, establece que se procederá a la implantación de un servicio de guardería rural formado por, al menos, tres guardas jurados rurales en temporada alta, que comprende el primer trimestre del año y entre los meses de agosto y diciembre, así como de un efectivo para el resto del año, dotados de los medios adecuados para la patrulla y vigilancia de las zonas agrícolas y coto en el término municipal de Lucena, auxiliando, si fuere preciso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante procesos y modelos de cooperación y coordinación, en la detección y comunicación de cuantas incidencias y anomalías se observen. Dicho servicio dependerá a efectos administrativos de la Sociedad.
El acuerdo, firmado de manera anual y con la posibilidad de prorrogarse hasta cuatro años, ha salido adelante en el Pleno Municipal con los votos a favor del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, y el voto en contra de IU. Su portavoz, Miguel Villa, señalaba que se trata de "un paripé, una ficción jurídica, ya que lo que se convenia de forma encubierta es que los guardas de los cotos contribuyan a las labores de vigilancia del olivar, una actividad que la Federación Nacional de Asociaciones de Guardas Rurales, FENAGUAR, considera que podría incurrir en un delito de intrusismo profesional según consta en una carta dirigida al Ayuntamiento de Lucena.
