La totalidad de los grupos de la oposición forzaron este martes con sus votos la retirada del orden del día del punto relativo a la aprobación provisional de la imposición de la Tasa por la Expedición de Resolución Administrativa que acuerda la Declaración de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación de Obras, Construcciones, Edificaciones e Instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable, urbanizable y urbano en el término municipal Lucena, así como de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. El asunto, que deberá volver a estudio en la comisión correspondiente antes de pasar por pleno, generó un intenso debate entre las distintas formaciones políticas.
Esta nueva norma de la Junta de Andalucía puede afectar en Lucena a más de 800 viviendas actualmente ilegales, edificadas en las últimas décadas en zonas como Campo de Aras, Los Poleares, Las Vegas y otros diseminados y zonas de segunda residencia. Los grupos de la oposición coincidieron en indicar que la propuesta del equipo de gobierno de establecer el pago de una tasa del 4 por ciento del precio o presupuesto de ejecución material de la construcción a regularizar (PEM), excede el coste del servicio requerido, que debe ser la cantidad que se establezca como tasa.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, César del Espino, mostro su "perplejidad" y "estupor" por el "cambio" de todos los partidos sobre un asunto "que estaba acordado desde el mes de febrero". Según Del Espino, la postura de oposición equivale a "decir a la sociedad que si construyen de forma ilegal les saldrá más barato que hacerlo legalmente con la correspondiente licencia" y a "animar a cometer infracciones urbanísticas".
Y es que, según el edil socialista, el coste del ICIO y las tasas para obtener la licencia para ejecutar una vivienda asciende actualmente a un 3,9% del PEM, por lo que rebajar la tasa que deberán pagar quienes al amparo este decreto de la Junta de Andalucía deseen legalizar sus edificaciones –construidas fuera de ordenamiento urbanístico– supondría que paguen menos que quienes cumplen la normativa vigente.
Las palabras de César del Espino fueron contestadas por la oposición, Miguel Villa (IUCA) le acusó de "mentir" al indicar que su grupo anima a la ciudadanía a construir ilegalmente y reiteró que su grupo "solo quiere que no se cobre lo que no se debe cobrar". Antonio Hidalgo (VOX) manifestó que incrementar el coste de esta tasa puede hacer que muchos propietarios opten por no acudir a la legalización o no puedan hacerlo. Jesús López (Ciudadanos) "llevar esa tasa al 4% puede ser abusivo" y Francis Aguilar (PP) aseveró que "si hay alguien que ha mirado a otro lado mientras se construía de forma irregular ha sido el PSOE, que lleva años gobernando en Lucena" y animó al gobierno local a perseguir y paralizar todas las construcciones ilegales que se detecten.
