El pleno del ayuntamiento de Lucena aprobó ayer por unanimidad la tasa que deberán pagar los propietarios de construcciones ilegales que deseen iniciar la regulación de sus edificaciones mediante el procedimiento de declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO), acogiéndose al Decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable en Andalucía aprobado en septiembre de 2019 por la Junta.
El asunto quedó sobre la mesa en el pleno ordinario celebrado en el mes de mayo, al mostrar los grupos de la oposición sus reticencias a la propuesta del equipo de gobierno, que estimaba esta tasa en un 4 por ciento del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de la edificación a legalizar, acordándose entonces que se emitiera nuevo informe técnico-económico sobre el coste del servicio para la imposición de la tasa correspondiente a este procedimiento. El PEM es el importe del coste de los materiales y de la mano de obra, necesarios para la ejecución de una obra y se calcula multiplicando la medición del edificio por el precio unitario de cada unidad de obra, ofreciendo un cálculo objetivo.
Las reuniones mantenidas por los distintos grupos políticos en los últimos meses han permitido alcanzar un acuerdo de consenso, que ayer se materializó en el voto unánime de todos los grupos a esta nueva tasa, que grava la expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración de AFO de obras, construcciones, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable y urbano en el término municipal, así como la aprobación, en su caso, de la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora.
Los interesados en iniciar la declaración de AFO tendrán que abonar una tasa que incluye una cuota fija –700 euros– y otra variable variable, por tramos, en base al Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de la edificación a legalizar, según detalla ese informe elaborado por el personal técnico de Urbanismo.
Así, para construcciones con un PEM hasta 30.000 euros los propietarios solo deberán pagar la mencionada cuota fija de 700 euros. Entre 30.001 y 60.000 euros se sumará al fijo el 1,1 por ciento del PEM. Ese porcentaje adicional subirá hasta el 1,8 por ciento para edificaciones con un valor de ejecución material entre 60.001 y 100.000 € y hasta el 2,2 por ciento para aquellas viviendas cuyo PEM supere los 100.001 euros.
Estas cifras proceden del cálculo de costes que supone para el Ayuntamiento la tramitación de cada expediente. El informe pone como referencia para el cálculo medio una construcción con un presupuesto de ejecución material de 80.000 euros. En este caso, la tasa a pagar por el propietario de la vivienda a legalizar sería de 2.140 €.
Todos los grupos políticos destacaron el valor del consenso alcanzado para sacar adelante este tema, que puede suponer la legalización de centenares de viviendas distribuidas por las distintas zonas de segunda residencia de nuestra ciudad, siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos, permitiendo el reconocimiento de la prescripción de la infracción urbanística, la tolerancia del uso, la inscripción de la vivienda en el Registro de la propiedad, el acceso a los servicios por parte de las compañías suministradoras o incluso la constitución de una hipoteca por parte de un posible comprador, con lo que ello conlleva de cara al mercado inmobiliario.
