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Una treintena de ayuntamientos cordobeses han aprobado ya mociones contrarias a la reforma de la Administración Local, promovida por el Gobierno del PP, que el secretario de Organización de los socialistas cordobeses y alcalde de Rute, Antonio Ruiz, calificaba ayer como "injusta, rancia y seguramente inconstitucional".
Por ese motivo su partido ha promovido, vía mociones, que cerca de una treintena de ayuntamientos de la provincia entre los que se incluye Lucena y también ayuntamientos gobernados por el PP como Montilla, Cabra o Priego hayan respaldado ya recurrir al Tribunal Constitucional dicha norma.
Ruiz ha explicado en rueda de prensa que el PSOE va a hacer "todo lo posible" para defender a la ciudadanía ante la pérdida de servicios públicos y, por ello, los ayuntamientos van a recurrir al Tribunal Constitucional, al considerar que se ha producido "un Conflicto en Defensa de la Autonomía Local, porque hay partes de la normativa que van en contra de la Constitución".
Por ello, el PSOE ha promovido la presentación de una moción, que debe ser aprobada por mayoría absoluta, en todos los ayuntamientos españoles, para poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, y en la provincia de Córdoba, hasta este martes, se ha presentado la moción en 31 ayuntamientos y de ellos en 28 se ha aprobado la moción.
En esa situación están ayuntamientos como los de Priego de Córdoba, Cabra o Montilla, donde, a pesar de gobernar el PP, los partidos de la oposición se han unido en bloque para aprobar esta iniciativa, en contra de la reforma que quita competencias a los ayuntamientos.
La moción se ha aprobado, por el momento, en 20 ayuntamientos gobernados por el PSOE, cinco donde gobierna IU y tres donde gobierna el PP y solo se ha rechazado en tres consistorios.
Para Antonio Ruiz, es imprescindible que esta iniciativa sea aprobada por el mayor número de ayuntamientos, ya que para poder presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional es necesario que se apruebe en 1.160 consistorios que agrupen a 7.500.000 habitantes.
LUCENA
En el caso de Lucena, el concejal de Hacienda, José Cantizani, volvió a ratificar ayer en rueda de prensa que en el caso de que se tenga que cumplir a rajatabla la ley aprobada por el ejecutivo central del PP, en vigor desde el 1 de enero pasado, se verían afectados en mayor o menor medida una decena de servicios municipales, entre los que destacó el Centro de Atención Temprana, la Escuela Municipal de Música y Danza, parte de los Servicios Sociales, el Centro de Información a la Mujer o el Centro de Atención Básica a inmigrantes o futuros talleres de empleo o escuelas taller, entre otros.
Cantizani reitero que desde el equipo de gobierno seguimos pensando en no despedir a ningún trabajador, pero una cosa es la voluntad y otra lo que nos obliguen a hacer. De hecho, el concejal de Innovación, Manel Lara, ya indicó en el pasado pleno municipal que los servicios jurídicos y económicos municipales han apercibido a varias delegaciones de la imposibilidad, con la ley en la mano, de acometer gastos que hasta ahora han venido siendo habituales, al carecer el ayuntamiento desde el 1 de enero de competencias en materias como fomento del empleo, medio ambiente, igualdad, educación, sanidad o servicios sociales.
Desde el ayuntamiento, técnicos y políticos están asistiendo a numerosas reuniones de trabajo para clarificar la forma en la que la Ley de Reforma Local puede afectar al consistorio lucentino. Y es que se da la paradoja de que, mientras el ayuntamiento de Lucena se ha visto obligado a dejar en suspenso numerosos convenios y gastos previstos por recomendación de los servicios técnicos, en otros como la vecina localidad de Cabra se han firmado idénticos convenios.
Así las cosas, las próximas semanas serán decisivas para conocer el alcance que la controvertida ley pueda tener sobre los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos.
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