El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lucena, César del Espino, ha reconocido que la falta de acuerdo con las juntas de compensación del Plan Parcial Oeste 1 y el Plan Parcial Sur 2, son en este momento los principales obstáculos para que pueda cerrarse el acuerdo a cuatro bandas entre los consistorios de Cabra y Lucena, la agencia pública de vivienda (AVRA) y Endesa, para la construcción de la nueva subestación de energía eléctrica de Cabra, de cuya entrada en funcionamiento dependen el abastecimiento de luz a nuevos desarrollos urbanísticos en distintas zonas de Lucena y, por tanto, la posibilidad de que se pueda seguir edificando en las mismas pese al interés mostrado por algunas constructoras.
César del Espino, ha indicado de forma muy gráfica que "en este momento, la pelota está en el tejado del ayuntamiento de Lucena", pero recordaba que "no somos independientes, sino que dependemos de esos dos sectores", que deben garantizar el pago de la parte del coste de esta infraestructura eléctrica que les corresponde como propietarios de los suelos que obtendrán suministro de la misma.
Según Del Espino las divergencias con estas juntas de compensación son diferentes. El PPO1 tiene garantizada mediante un aval la cantidad económica que le corresponde, pero exige "que se libere potencia" de inmediato y Endesa garantice el suministro con carácter previo a la construcción de la nueva subestación, petición que el ayuntamiento está intentando negociar con la eléctrica. En el Sur 2, los problemas parecen ser de índole económica.
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El edil lucentino ha explicado que, desde el momento en que el ayuntamiento firme el convenio con el resto de entidades se compromete a pagar su parte, unos 2,5 millones de euros, de los que el mayor porcentaje corresponde a los pagos que deberían adelantar los distintos planes parciales que obtendrán energía de la nueva subestación y el resto al propio consistorio y AVRA como propietarios de una importante bolsa de suelo en la zona de El Zarpazo.
"No podemos firmar sin tener asegurados los pagos de los privados", ha señalado Del Espino, que afirmó que "el ayuntamiento puede obligarlos asumiendo de forma unilateral los cargos y trasladándoselos después, pero no dispone en este momento de ese dinero ni nos corresponde pagarlo".
Así las cosas, el proyecto sigue por el momento en el dique seco, tras más de una década de negociaciones entre las distintas partes implicadas y pese al acuerdo prácticamente definitivo entre los actores principales de este complejo proceso.
