Descartado –tras muchos años sin ejecutarse– el desarrollo mediante sistema de compensación de los tres planes parciales previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para las zonas residenciales de Campo de Aras y Cristo Marroquí y con la espada de Damocles que supone la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se cortar el suministro de agua a las más de 500 viviendas existentes en la zona, alegando la ilegalidad de la captación y de la distribución del agua en baja por parte de la asociación vecinal Crisaras, la anterior corporación municipal planteó hace ahora dos años la puesta en marcha de un Plan Especial de Adecuación Medioambiental (PEAM) para resolver el problema de la regulación urbanística de esta bolsa de vivienda que, con independencia de su legalidad, conforma una zona residencial totalmente consolidada.
La iniciativa planteada entonces al pleno municipal por IU y apoyada por la asociación de vecinos y los distintos grupos políticos, sale ahora a licitación con un presupuesto estimado de 102.690 euros, incluidos impuestos, con el nombre de Plan Especial de Adecuación Medioambiental de la Zona Sur de Lucena–Córdoba.
El objeto del contrato es elaborar dos documentos. En el primero se deberán identificar las edificaciones susceptibles de AFO (Asimilado fuera de ordenación) situadas en los actuales Planes parciales SR-1, SR-2 y SR-3 y aledañas, definiendo las necesidades de infraestructuras comunes y su predimensionamiento. El segundo señalará y delimitirá las agrupaciones de edificaciones irregulares, adoptando las medidas pertinentes par el establecimiento de infraestructuras comunes para la prestación de los servicios básicos que garanticen las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, mejorando la calidad ambiental e integrando territorial y paisajísticamente dichas agrupaciones, siempre de acuerdo con la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)
La memoria justificativa reconoce los problemas de conexión de estos suelos situados al sur de la ciudad con las infraestructuras generales municipales, lo que hace difícil su viabilidad en cuanto al cumplimiento de los objetivos del PGOU vigente. Del mismo modo, indica que los problemas de higiene y salubridad urbana y ambiental y el estado de las edificaciones existentes, hacen necesario la redacción de este PEAM, como una parte parte de una solución global a la situación actual existente.
La redacción de este plan supone el primer paso para la legalización de esta zona residencial, pero el camino no será fácil ni inmediato. Solo la redacción del proyecto contempla un plazo de ejecución de dos años, a lo que habrá que sumar la necesaria participación de los propietarios de las viviendas fuera de ordenación en la implementación de las soluciones que aporte el PEAM y la infraestructuras que deberá ejecutar el propio Ayuntamiento de Lucena para hacer llegar los servicios municipales hasta este punto del término municipal.
