La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía anuncia hoy la concesión al Ayuntamiento de Lucena de una subvención de 10.000 euros para la redacción del Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares de Campo de Aras y Cristo Marroquí. La cantidad representa tan solo un pequeño porcentaje de los 106.000 euros en los que se va a licitar la ejecución del citado documento, considerado fundamental para planificar la dotación de infraestructuras básicas de saneamiento, agua y electricidad a los vecinos de esta zona de la ciudad, en la que la mayor parte de sus edificaciones son segundas residencias y siguen estando fuera de ordenación urbanística.
Según ha indicado a LucenaHoy la edil de Urbanismo, Charo Valverde, la subvención viene condicionada al desarrollo de esta herramienta en un periodo de 24 meses, de los que 6 corresponderían a la aprobación inicial y los 18 últimos a la redacción del proyecto y aprobación definitiva, unos plazos que la propia edil considera "difícilmente asumibles", dado que "es necesario realizar algunos trabajos previos, como la puesta al día de la cartografía de la zona y la propia licitación de la redacción del proyecto".
No obstante, Valverde ha señalado que, con independencia de esta ayuda oficial, la decisión del equipo de gobierno sobre este proyecto es firme, "como lo demuestra la próxima rebaja del coste del trámite administrativo para que los propietarios de viviendas puedan obtener la Declaración de Asimilado fuera de Ordenación (DAFO)", que podría quedar establecida incluso por debajo de los 1.000 euros por edificación. La obtención de esta declaración será necesaria para proceder a la "regularización" progresiva de esta zona de segunda residencia, que daría acceso, por ejemplo, al abastecimiento de agua de la red municipal, un aspecto que ha cobrado especial relevancia tras la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de ordenar el cese del suministro desde el acuífero de la fuente de Campo de Aras y la eliminación de toda la red de distribución que en las últimas décadas ha abastecido a la zona, decisión suspendida cautelarmente por la TSJA.
Desde el ayuntamiento se confía en que la puesta en marcha de este plan especial, que quiere demostrar la voluntad del ayuntamiento de regularizar el suministro y de los vecinos de legalizar su situación, sea suficiente para desbloquear la ejecución del expediente sancionador abierto por la Confederación.
Por el momento, el presupuesto municipal para 2024 ya contempla la inversión de un millón de euros en la canalización e infraestructuras de abastecimiento en la N331, una conducción que, según explicó a este periódico el edil de Obras, Javier Pineda, se financiará principalmente con las aportaciones de los propietarios de terrenos y naves industriales que obtendrán servicio de la misma. Esta actuación serviría como punto de partida para el futuro abastecimiento de agua a la zona residencial de Campo de Aras.
