El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha explicado hoy en el Parlamento que el departamento que dirige está estudiando la viabilidad técnica del proyecto, de iniciativa privada, reformulado por José Mª Gonzaléz Prieto y propuesto por el Ayuntamiento de Lucena, para construir un edificio que albergue las sedes judiciales y otras infraestructuras complementarias en la zona de la Huerta del Carmen, aunque el consejero ha insistido en que la intención de la Junta de Andalucía sigue siendo la de "construir un nuevo equipamiento judicial en Lucena, tal y como teníamos proyectado".
La Junta –ha recordado el consejero– inició hace unos años las actuaciones pertinentes para llevar a cabo la construcción de la nueva sede judicial pero "nos faltó el crédito necesario para licitar la ejecución de las obras", ha dicho. Ante la imposibilidad de acometer esta infraestructura por su elevado coste, la Junta optó por ubicar los tres juzgados de primera instancia e instrucción que integran el partido judicial de Lucena, junto a la sección territorial de la Fiscalía Provincial, el área comarcal del IML y otros servicios anexos, en un inmueble en alquiler, en la calle San Pedro.
El consejero ha reconocido en sede parlamentaria los problemas que presenta la sede actual, principalmente de accesibilidad, por lo que aseguró que la Consejería de Justicia e Interior está actuando para resolver estas deficiencias, en la medida en que las posibilidades técnicas así lo permitan. "Hacemos cuanto está en nuestra mano para buscar soluciones, y garantizar la atención a las personas con dificultades de movilidad, sin olvidar que a los impedimentos técnicos de esta sede se añade el hecho de que se trate de un inmueble en alquiler, lo que también condiciona las obras que puedan llevarse a cabo", ha explicado De Llera.
Además de la propuesta que actualmente analiza la Consejería –su propio proyecto, redactado hace varios años con una inversión superior a los 500.000 euros– el Ayuntamiento presentó otra alternativa, de iniciativa privada, para ejecutar una sede en el solar que estaba destinado a este fin y que es propiedad de la Junta, junto a un aparcamiento subterráneo en la parcela contigua, perteneciente al Ayuntamiento lucentino, integrando ambos proyectos y urbanizando los espacios con zonas verdes y otros elementos arquitectónicos, de ocio y esparcimiento.
Dicha propuesta fue analizada exhaustivamente por la Junta y el Ayuntamiento pero el proyecto tenía una serie de carencias que incrementaban la complejidad del edificio y la superficie resultante. Cualquier proyecto de esta naturaleza, ha señalado el consejero, ha de incorporar ya la distribución de los órganos judiciales en base a la implantación de la Oficina Judicial, además de contemplar otras necesidades como las circulaciones diferenciadas entre personal y público. Por otra parte, es preciso adaptar el programa de áreas concretas y adecuarlas a las necesidades reales (Fiscalía, Medicina Forense, salas de vistas, etc.) y disponer de otras dependencias de diferentes usos (vigilancia y seguridad, almacén o taller de mantenimiento) que no aparecían contempladas en la propuesta recibida. A estas deficiencias se sumaba la cuestión más compleja de todas: la superficie del edificio previsto en esta propuesta alcanzaba únicamente los 1.861 metros cuadrados, por lo que fue desestimada, ha dicho De Llera. No obstante, los promotores de la iniciativa pidieron al consistorio lucentino que el pleno declarase la utilidad pública de la iniciativa de cara a la reformulación del mismo y su nueva presentación al examen de la administración andaluza.
Así pues, son dos las opciones que baraja la Junta en estos momentos, aunque por el momento no haya fecha para ninguna de ellas. De hecho, el proyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2017 no contempla partidas concretas para esta importante infraestructura judicial.
