El equipo de gobierno reconoce la obsolescencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 2001, y la necesidad de promover la redacción de un nuevo documento, pero la puesta en marcha de este procedimiento "no es una prioridad en este momento". Así lo ha reiterado hoy la edil de Urbanismo, Charo Valverde, que ya se manifestó en este mismo sentido en el pasado pleno municipal, a preguntas del grupo socialista sobre las previsiones de creación de suelo de industrial para gran parcela.
Charo Valverde ha subrayado hoy la necesidad de impulsar un nuevo PGOU, considerando que el vigente, aprobado hace casi 25 años, ha quedado obsoleto, pero reconocía que su redacción "no está contemplada en los presupuestos municipales" para este ejercicio, y, en modo alguno, puede ser asumida por el personal de su delegación.
Valverde ha explicado que cuando se elaboró el actual PGOU, Lucena tenía unas necesidades urbanísticas diferentes, marcadas por la preponderancia del sector de la madera. En la actualidad, las industrias requieren espacios más amplios y adaptados a nuevas exigencias, lo que no está contemplado en la planificación vigente, abocando a las grandes firmas a largos procesos administrativos para transformar suelo rústico en urbanizable, atendiendo al interés social de sus iniciativas.
A pesar de las modificaciones puntuales que se han ido realizando, Valverde considera que "al final, es parchear" y que la solución real pasa por derogar el PGOU actual y redactar uno nuevo. Según Valverde, el horizonte temporal del actual plan ha quedado superado en muchos aspectos. "El PGOU ya se regía por normativas anteriores a la LOUA y ahora debemos adaptarlo a la LISTA", ha afirmado. Como ejemplo, ha mencionado las dificultades para aprobar modificaciones necesarias, como la cesión del Centro de Energías Renovables a Amara, un proceso que se ha dilatado durante más de dos años.
Por otra parte, el alto coste que supondría la redacción de un nuevo PGOU es otro de los factores que dificultan su puesta en marcha. Baste un ejemplo. Solo la redacción del Plan Especial de adecuación medioambiental de la zona Sur el Plan Especial de Campo de Aras ha salido a licitación en un precio superior a los 300.000 euros, por lo que, Valverde ha indicado que un nuevo PGOU debería plantearse como "un gasto plurianual", atendiendo además a lo dilatado del proceso de confección del documento.
Entre tanto, la concejala ha adelantado que se estudiará la modificación del PGOU en un aspecto concreto: la posibilidad de que un inmueble del casco urbano pueda destinarse 100% a uso comercial. Esta iniciativa, impulsada en su momento por el anterior delegado de Urbanismo, no llegó a tramitarse, pero será retomada. "Nos consta que varias marcas comerciales han querido instalarse en Lucena y no han podido debido a esta restricción, lo que ha supuesto una pérdida de oportunidades para la ciudad", ha concluido Valverde.
LA PRETENSIÓN NO ES NUEVA
La idea de dotar a Lucena de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana no es nueva. Ya en 2015, el anterior alcalde, Juan Pérez, anunciaba la necesidad de acometer su redacción antes de que concluyese ese mandato y hablaba de la disposición para licitar ese mismo año los trabajos de redacción del nuevo documento para adaptarlo a la realidad socioeconómica de la ciudad en ese momento. Entonces, Pérez reconocía que el documento vigente, aprobado en pleno «boom» económico y urbanístico con un periodo de vigencia de doce años, respondió a unas previsiones de desarrollo de suelos de primera y segunda residencia, industriales y comerciales que la crisis había dejado en agua de borrajas.
Corregir esos desequilibrios debía ser la función principal de una revisión en la que el volumen de suelos urbanizables podría reducirse de forma importante y también las normas que regulan qué y cómo se puede construir en cada zona. Incluso llegaron a celebrarse reuniones con la Delegación Territorial de Obras Públicas y Medio Ambiente para trabajar de forma conjunta para garantizar que el documento final pudiera ser asumido por la administración autonómica sin problema. La iniciativa quedó en vía muerta, y una década después, a juzgar por lo declarado por el nuevo equipo de gobierno, sigue sin ser una prioridad.
