El PP ha pedido hoy que desde el equipo de gobierno se asuman responsabilidades por la situación de la 'playa fluvial' de Jauja. El portavoz de esta formación, Paco Huertas, señaló hoy al representante de la alcaldía en la pedanía lucentina, Rafael Gómez, como principal responsable del desfase económico de más de 43.000 euros en los trabajos y de la ejecución de unidades de obra no incluidas en el proyecto inicial.
Según ha indicado la edil popular Rosario Valverde, en la propia comisión especial de Obras, ha quedado claro que la empresa adjudicataria de los trabajos tuvo que soportar las "presiones" de Gómez, que "diariamente" se personaba en las obras e indicaba "donde había que colocar una piedra o un puente, pese a no estar previsto en esa forma en el proyecto".
Los populares han indicado que, de todo ello, ha quedado constancia en forma de correos electrónicos remitidos por la empresa al perito municipal encargado de esta actuación, sin que conste quien se encargaba de dar el visto bueno a la realización de los cambios sobre proyecto supuestamente propuestos por Gómez.
El resultado final es que el montante total de la obra ejecutada hasta el momento asciende a 184.692 euros, que suponen una variación de más del 10% sobre los 167.000 euros en los que estaba presupuestada la actuación. Según los populares, los servicios técnicos ya han certificado casi la totalidad del exceso de 43.000 euros que reclama el contratista, aunque hasta el momento ningún técnico está dispuesto a firmar la recepción de los trabajos no previstos, y las obras están paralizadas.
Paco Huertas ha lamentado hoy que el alcalde, Juan Pérez "descargara la semana pasada toda la responsabilidad sobre un técnico que ya no está al servicio del ayuntamiento" –en referencia al arquitecto redactor del proyecto, que causó baja hace unos meses– y ha pedido que "se sancione a los técnicos o a la constructora si son los responsables, y se destituya al representante de la alcaldía en Jauja, Rafael Gómez, si la responsabilidad fue suya", al tiempo que ha anunciado que el PP no prestará su voto favorable a ninguna modificación de crédito destinada a pagar la diferencia de gasto entre lo previsto y lo ejecutado, que no estuviese en el proyecto inicial.
Huertas ha sido especialmente duro con Gómez, indicando que "tenía y tiene prohibido estar en las obras, tanto por el reglamento de Seguridad y Salud como por la Ley de protección de riesgos laborales, pese a lo que tenemos constancia de que daba órdenes diarias a los empleados de la constructora, ejerciendo gran presión sobre los mismos, al parecer por temor a que se perdiese la subvención del 66% del proyecto otorgada por el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética".
