El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido no seguir adelante con la construcción de la nueva sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), situada entre las calles Zagrilla, Carcabuey y Montilla. Así lo confirmó ayer el alcalde, Juan Pérez, en el transcurso del pleno del Ayuntamiento de Lucena, a preguntas del portavoz de Ciudadanos, Jesús López.
Juan Pérez confirmó que, tanto desde la dirección provincial de este organismo como desde la propia Subdelegación del Gobierno, le han comunicado que la Dirección General del INSS ha dictado una resolución oficial por la que paraliza todos los trámites y procedimientos contractuales relativos a la finalización de este inmueble. Así lo ratifica la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la que el pasado jueves, 23 de septiembre, se publicó la "resolución del contrato de dirección de las obras", adjudicado en mayo de 2020 a la arquitecta Iciar Rodríguez López "por cancelación de la misma".
No obstante, el regidor lucentino señaló que dicha resolución no ha sido trasladada oficialmente al consistorio lucentino, por lo que se desconoce en este momento las causas de este decisión. Lo que sí quiso dejar claro Juan Pérez es que el Ayuntamiento "se va a negar rotundamente" a esta paralización definitiva de las obras, para lo que ya se ha cursado la petición de una cita presencial con el INSS.
UN POCO DE HISTORIA
La historia de este edificio es la de un continuo despropósito, del que han sido partícipes los sucesivos gobiernos de España. Su origen se remonta a mediados de 2004, siendo alcalde de Lucena José Luis Bergillos, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social se interesó por el solar para acabar con la dispersión de sus servicios comarcales. Los terrenos fueron valorados por el Ayuntamiento de Lucena en 941.184 euros. La operación se cerró en 2005.
Fue a finales de 2009 cuando el INSS solicitó a la Gerencia Municipal de Urbanismo licencia de obra mayor para iniciar la construcción del nuevo centro. No obstante, hubo que esperar hasta el 26 de mayo de 2012 para que las obras se adjudicasen a la Unión Temporal de Empresas formada por las constructoras madrileñas Rampe S.A. y Racorpa S.L. tras presentar una mejor oferta de 3.309.491 euros, que rebajaban sustancialmente el coste de esta infraestructura, que salía con un precio base de licitación de 7.440.380 euros. Los adjudicatarios firmaron un plazo de ejecución de 22 meses, por lo que el edificio tendría que haber estado acabado en 2014, hace ahora siete años.
Sin embargo las obras quedaron paralizadas en 2013 tras la rocambolesca 'huída' del director de las mismas –se comentó entonces que a Brasil– y de la empresa adjudicataria, haciendo necesaria la resolución administrativa de los contratos vinculados con el edificio, con un nivel de ejecución de algo más del 19 por ciento y un coste de 1,1 millones de euros.
A finales de 2019 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha la licitación de la redacción del proyecto y dirección de las obras que quedan por ejecutar. El pliego establecía un precio de 240.000 euros más IVA. El contrato fue adjudicado a la arquitecta madrileña Iciar Rodríguez López el 15 de mayo de 2020 por un importe de 105.600 euros más impuestos. El contrato estipulaba un plazo máximo de ejecución de 4 meses para la fase de redacción. Como consta en la resolución publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el proyecto fue entregado y supervisado por los servicios técnicos del Ministerio, por lo que el INSS y la dirección facultativa han suscrito ahora un pacto de cancelación de la parte correspondiente a la dirección de los trabajos "ante la decisión de la Dirección General del Instituto de la Seguridad Social de no licitar la ejecución de la obra y de resolver el contrato".
Las obras –ahora suspendidas– contaban con un plazo aproximado de ejecución de 18 meses y un coste estimado de unos 5 millones de euros.
Dieciséis años después de la venta de los suelos, casi diez años después del inicio de las obras y tras una inversión de más de 2 millones de euros, se conocía la decisión del INSS de no continuar con las mismas. Queda por saber si la decisión es definitiva y cual será el futuro del esqueleto del malogrado edificio y de la propia parcela, que desde hace unas semanas vuelve a exhibir sus puertas abiertas, para preocupación de los vecinos del barrio, que en distintas ocasiones han denunciado la presencia de personas en su interior y los robos de material.
