El ayuntamiento de Lucena quiere que el nuevo proyecto para completar la fallida intervención realizada en los últimos años en el río Lucena se dilucide en una reunión a tres bandas entre consistorio, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Así lo indicó ayer el regidor lucentino, Juan Pérez, en el marco de la reunión mantenida con el nuevo delegado territorial de este área de gestión en Córdoba, el lucentino Francisco Algar, en la que se abordaron distintas cuestiones, como la redacción del nuevo PGOU, el futuro del río Lucena, la posibilidad de legalizar algunos nucleos de diseminados y viviendas aisladas o la creación de una estación depuradora de aguas residuales en la pedanía de Las Navas.
En esta línea, el alcalde ya anunció una primera reunión, en septiembre, con la secretaria general de Medioambiente y Cambio Climático, en Sevilla, en la que el ayuntamiento expondrá la necesidad de encontrar vias de colaboración entre Junta y CHG que hagan posible una nueva intervención en el cauce público. Pérez indicó que desde Urbanismo ya se ha redactado un anteproyecto de actuación, que ya se ha remitido al Comisario de Aguas y se presentará a la CHG y esbozó la propuesta de que esta institución del Estado, unica competente en esta materia, pueda aportar un 80% de la inversión necesaria y la Junta de Andalucía el 20% restante. "Sabemos que es un proyecto costoso y complicado, pero no vamos a abandonar la idea de intervenir donde se pueda intervenir", aseguró el regidor lucentino, que señaló que algunas de las actuaciones acometidas en los últimos años empiezan a estar en peligro, como ocurre con algunos tramos de los nuevos colectores, que la erosión ha dejado ya en superficie con el consiguiente riesgo de rotura.
DEPURADORA LAS NAVAS-MORILES
Respecto a la depuradora de agua residuales que se pretende ubicar en el término municipal de Moriles pero colindante con las Navas del Selpillar, el delegado afirmó que este año finalizará la redacción del proyecto, que tiene un coste de 90.000 euros, y el próximo se sacará a licitación la obra, con una inversión prevista de licitación de 4.758.000 euros.
Por otra parte, el alcalde y el delegado trataron las posibilidades de aplicación del Decreto 2/2012, que pretende dar una figura jurídica a las viviendas que están en suelo no urbanizable, prescritas y fuera de ordenación, y la situación de las vías pecuarias.
Sobre el primero de estos temas, Algar y Pérez quisieron dejar claro que no se trata de una actuación de la que pueda beneficiarse de forma generalizada la importante bolsa de viviendas de segunda residencia existentes en el término municipal, sino exclusiva para aquellas que cumplan los requisitos necesarios para su legalización, entre los que destaca la obligatoriedad de que no se encuentren en una zona urbanizable, como ocurre con nucleos como Las Vegas o Campo de Aras.
