Más de cuatro millones de euros separan en estos momentos las valoraciones que el Ayuntamiento de Lucena y ADIF mantienen sobre los terrenos en los que se asientan las antiguas estaciones de ferrocarril de Lucena y Las Navas del Selpillar, utilizadas por el consistorio como Centro de Ocio y Museo Enogastronómico, respectivamente, en virtud de un contrato de alquiler ya extinguido.
Tras un intento fallido de acuerdo para que el Ayuntamiento adquiriese los suelos y los edificios que albergan, ADIF, asistido por la norma vigente, ha solicitado su expropiación. Sin embargo no hay acuerdo sobre las parcelas que deben incluirse en el procedimiento –dos de ellas son consideradas por el ayuntamiento como viales–, ni sobre el carácter de los suelos o el valor de las edificaciones, recuperadas en buena parte gracias a la inversión del Ayuntamiento. Mientras que los técnicos municipales consideran que suelo y construcciones tienen un valor de algo más de 370.000 euros, ADIF los marca en unos 4,5 millones de euros.
Aunque la negociación sigue abierta y ambas partes volverán a verse las caras el próximo día 16 para dar una nueva oportunidad al entendimiento, tampoco se descarta que el asunto acabe en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Así, un Pleno extraordinario desestimaba este miércoles por unanimidad el recurso de reposición interpuesto por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contra el acuerdo del Pleno de 14 de julio pasado en relación con la hoja de aprecio presentada por el ayuntamiento.
Todos los grupos rechazaban por unanimidad la pretensión de ADIF, basándose para ello en un informe del servicio municipal de arquitectura al que se añadía, a instancias del grupo municipal "Entre todos sí se puede", la negación de tres de las afirmaciones del administrador de infraestructuras ferroviarias contenidas en el recurso. La primera, sobre la existencia de un acuerdo de compra previo a las actuales negociaciones y supuestamente incumplido de forma unilateral por el Consistorio, sobre el cual, el alcalde, Juan Pérez, y el exconcejal de Urbanismo, Miguel Villa, indicaron que dicho acuerdo no podía cumplirse por incluirse en el mismo como parte del pago los aprovechamientos urbanísticos municipales en un plan parcial, el Sur 1, que no ha llegado a desarrollarse, ante lo cual se instó a ADIF –sin éxito– a escoger otros terrenos urbanos en el Zarpazo.
De otra parte, el Ayuntamiento asume que las parcelas que considera viales en ambas estaciones fueron inscritas a nombre de ADIF en el catastro por el Consistorio, aunque con un valor de 0 euros y en atención al buen clima en el que se estaban desarrollando las conversaciones. Ahora ADIF pretende cobrar por dichas parcelas, a las que otorga carácter de urbanas.
Por último, el Ayuntamiento se niega a pagar por el valor actual de unos edificios restaurados en su mayor parte por las propias arcas municipales. "Sería como pagar dos veces por un mismo bien", llegó a indicar el regidor lucentino, Juan Pérez.
ENVÍO AL DEFENSOR DEL PUEBLO
La nota discordante del pleno llegó con el ruego del portavoz de Entre todos sí se puede, Vicente Dalda, para que, caso de que las negociaciones no prosperen, se remita el asunto al Defensor del Pueblo, al considerar que "un gobierno que obliga a los Ayuntamientos a seguir un plan de estabilidad no puede obligarlos a asumir el coste de una expropiación que no pueden pagar".
La petición de Dalda –aceptada por Juan Pérez con la observación de que no coste en el acuerdo de pleno para que no se convierta en un obstáculo ante la próxima ronda de negociación y se posponga hasta que se agote la vía diplomática– no tuvo la misma acogida desde el resto de grupos, que la consideraron innecesaria. El portavoz de IUCA, Miguel Villa, puso voz a esa sensación, indicando que "Dalda solo pretende con esta propuesta acaparar la atención de los medios de comunicación, y el equipo de gobierno se equivoca al aceptarla, ya que no sirve absolutamente para nada". Según Villa, en este tema "o llegamos a un acuerdo o vamos a un contencioso-administrativo", ante el que debería inhibirse la oficina del Defensor del Pueblo.
Dalda contesto a Villa afeando al anterior equipo de gobierno que no hubiese sido capaz de alcanzar un acuerdo con ADIF, asegurando que "el Defensor del pueblo puede ser una vía y ayudar" y que "los tiempos han cambiado, nuestro grupo critica y propone soluciones, y si no les gustan nuestras propuestas no las voten".
