Hay un aserto que tal vez sea tan viejo como el mismo tiempo pues ya Platón, en la antigua Grecia, dejo sentenciado que LA JUSTICIA NO ES MAS QUE LA CONVENIENCIA DE LOS PODEROSOS y hoy, en la España del siglo XXI, tal aserto está más vigente que nunca.
Hace relativamente poco era noticia la severa condena a cárcel, pronunciada por un tribunal de justicia a instancias de la fiscalía, es decir del estado, para una pobre desgraciada -no encuentro otro epíteto más adecuado- que, habiendo encontrado una tarjeta de crédito, no se le ocurrió más que la peregrina idea de utilizarla en un supermercado para subvenir una necesidad básica como es la de atender al cuidado de su progenie, cosa por otra parte recogida en las leyes como estado de necesidad que, en su caso, exime del ilícito penal.
Pues bien, sesudos juristas constituidos en tribunal de justicia, amparados por las leyes, escuchadas las partes y después de doctas deliberaciones, concluyeron que tal actitud era tan contraria al bien común ¿a qué otra cosa deberían aspirar los tribunales de justicia sin no es a preservar el bien común de la sociedad? que no les quedó otra alternativa que castigar severamente esa conducta tal y como su interpretación de las leyes les indicó, desestimando el estado de necesidad que tal vez pudiera haber sido tenido en cuenta, pues según se desprende de su sentencia ¿Adonde iríamos a parar si el común, es decir el pueblo, cada vez que encontrara una tarjeta de crédito la utilizase según su conveniencia alegando estado de necesidad?
Fallaron conforme a la ley y, a no ser por el escándalo social que condujo al gobierno a otorgar el indulto, la interfecta hubiera purgado en la cárcel su atentado al bien común con independencia de si estaba o no en estado de necesidad.
Como contraste, y bajo las mismas leyes y tribunales, asistimos al ESCANDALO de las denominadas tarjetas NEGRAS de Caja Madrid posteriormente reconvertida en Bankia utilizadas por sus poseedores no ya para subvenir necesidades elementales, o del normal desarrollo de su actividad, sino para disfrute de lujosas apetencias a costa del dinero de todos los impositores de la caja primero y de los obligados contribuyentes de la hacienda pública después. Dejaré que cada uno de los amables lectores de éste escrito saque sus conclusiones sobre el tratamiento dado por la ley y la justicia a la ciudadana condenada y a los beneficiarios de la tarjeta opaca a la hacienda pública que, en ningún caso, pueden alegar ignorancia o estado de necesidad dado lo relevante de los cargos públicos y privados ocupados por todos y cada uno de ellos.
El sangrante espectáculo del saqueo del dinero público está a la vista de todos, incluidos los fiscales, y todos también podemos sacar nuestras conclusiones sobre como se emplean la ley y la justicia cuando los interpelados son miembros del stablishment, llamado por algunos casta, o pertenecen al comon people que dicho en Román Paladino somos la gente normal como usted o como yo o como la condenada que encontró y utilizó la tarjeta.
Ya lo dijo George Orwell, en su novela Rebelión en la Granja, TODOS SOMOS IGUALES, PERO UNOS SOMOS MAS IGUALES QUE OTROS y a la vista está, que la ley y la justicia, tal y como dejó sentenciado el mismísimo Platón hace más de dos milenios, no es más que la conveniencia de los poderosos. A los hechos me remito aunque es cierto que los sesudos jurisconsultos no carecerán de argumentos para rebatir tal afirmación, pero
¿Acaso en éste país las leyes y la justicia no consisten justamente en eso?
Juan M. Roldán
