.
Cuando yo frecuentaba, hace algún tiempo, los foros pedagógicos; se contaba la siguiente historia:
Un señor, tras aparcar el coche junto a una placita de su pueblo, observa con atención a un niño que bajo la luz de la única farola daba vueltas sobre ella con la mirada fija en el suelo y llorando compungido. Se acerca al chaval y le pregunta que le pasa; he perdido las llaves de casa y mis padres me van a regañar si no las encuentro, contesta entre sollozos. ¿Estás seguro que las has perdido aquí?, pregunta al niño. No, las he perdido en esta plaza, pero las busco en este sitio porque es el único donde hay luz. Tengo una linterna en el coche y quiero ayudarte a buscarlas... (el desenlace de la historia lo dejo a gusto del lector)
Quiero ofrecer la linterna del profesor Pedro Arrojo1 en un artículo publicado en prensa el pasado 22 de marzo por si su luz nos puede ayudar a encontrar la mejor solución para la gestión del agua en nuestro pueblo. El artículo es como sigue entrecomillado:
Este 22 de marzo, declarado por las Naciones Unidas como Día Mundial del Agua, ha lanzado una Iniciativa Ciudadana Europea, la primera en la UE, con la recogida de más de un millón de firmas en 9 países de la Unión, pidiendo el reconocimiento del acceso al agua potable como un Derecho Humano, tal y como aprobó en 2010 Naciones Unidas, y exigiendo sacar del espacio del mercado este tipo de servicios. Los sindicatos, que se unen así al amplio y creciente movimiento ciudadano que reivindica nuevos modelos de gestión pública participativa y sin ánimo de lucro, han recibido por su parte el apoyo de la RAP, la Red Agua Pública, en la que participan todo tipo de asociaciones, desde el movimiento ecologista, a las federaciones vecinales, asociaciones de consumidores o grupos y redes en torno al 15M.
Aprovechando la crisis, en España, como en el resto de Europa, crecen las presiones para privatizar estos servicios bajo el llamado modelo francés, basado en la pretendida colaboración público-privada. En concreto, se suelen promover empresas mixtas en las que las instituciones públicas conservan el 51% de las acciones. Sin embargo, el control efectivo del negocio lo ejercen los operadores transnacionales, sobre la base de monopolizar la información, mediante cláusulas que les adjudica la competencia exclusiva, tanto sobre la gestión de esas empresas, como en materia de compras, contrataciones y subcontrataciones. Desaparecen así los concursos públicos y se aseguran grandes beneficios por compraventa de servicios y tecnología a empresas del grupo, por adjudicación directa. Se trata en suma de un modelo sofisticado, pero no menos efectivo, de privatización. (Este párrafo recoge casi todas las premisas del acuerdo que hasta hace pocos días tenía el Ayuntamiento con la empresa Aquagest, y digo casi todas porque no hace referencia al famoso know-how, ese saber hacer, que aporta aquagest y por el que ya recibe el 6% de la recaudación, lo que supone importantes emolumentos extra y que el lector puede investigar)2
Tal y como rezaba en su título la película de Iciar Bollaín Y también la lluvia, en efecto, también el agua entra en el perverso juego de las llamadas políticas de austeridad. Argumentando este concepto virtuoso de la austeridad y eludiendo en todo momento cuestionar los excesos y perversiones de la sociedad de consumo y la voracidad especulativa de los mercados, se acaba dirigiendo el bisturí al capítulo de necesidades y servicios sociales esenciales. De esta forma, en plena crisis moral del neoliberalismo, asistimos a la puesta en escena del no hay mejor defensa que un buen ataque, ampliando espacios al mercado, sobre la base de privatizar los servicios públicos (sanidad, educación, agua, energía, comunicaciones, ...). De esta forma las políticas de desregularización que a lo largo de las últimas décadas presidieron los afanes neoliberales, desde Reagan y Thatcher, han encontrado en esta coyuntura de crisis una ventana de oportunidad en medio del caos. Bajo la bandera de sanear la maltrecha hacienda pública, saqueada por el rescate a la banca, se privatizan servicios públicos y se asaltan las economías familiares.En materia de servicios de agua y saneamiento se ha activado una arquitectura argumental de un cinismo sin precedentes. Los grandes operadores privados ofrecen auxilio a ayuntamientos y gobiernos autónomos con el dinero público que previamente el Banco Central Europeo (BCE) inyecta al sistema financiero, que a su vez controla esos operadores. El poder financiero está transformando así su propia crisis en una ventana de oportunidad para sus intereses, apoyándose en esas políticas públicas de falsa austeridad.
En realidad, privatizar este tipo de servicios, para la ciudadanía, equivale a vender el piso en el que tenemos que vivir. A renglón seguido, tendremos que alquilárselo a quien nos lo compró, pagando la amortización de la compra, más los beneficios que nos imponga; venderemos barato y alquilaremos caro, al precio que nos marquen... Nada que ver por tanto con la estrategia de austeridad que supondría vender la segunda residencia para sanear la economía cotidiana de lo imprescindible... Con un agravante clamoroso en este caso: y es que nos compran la casa con nuestro propio dinero, pues, al fin y al cabo, el dinero del BCE es dinero público ..A falta de un debate serio, en medio de la confusión y contando con el dominio de la derecha en todas las instituciones, la opción privatizadora tan sólo puede frenarse desde el movimiento de indignación social que estas políticas merecen y suscitan.
Los procesos de privatización del Canal de Isabel II en Madrid, de ATLL en Cataluña, del Plan de Saneamiento en Aragón y otros muchos casos en todas las Comunidades Autónomas han dado nacimiento a la RAP: la Red Agua Pública. Una Red que integra a todo tipo de movimientos y organizaciones, que a su vez se federa con redes y movimientos similares a nivel europeo en lo que se conoce como el Movimiento Europeo por el Agua (European Water Movement).
Italia marca el liderazgo en este movimiento, tras conseguir convocar, con más de un millón de firmas, un referéndum y ganarlo, con 26 millones de votantes (en torno al 60% del censo) y un 95% de votos favorables. Recientemente, el Tribunal Supremo, reconociendo el resultado del citado referéndum, ordenaba al Gobierno Italiano cambiar la ley vigente para ilegalizar la obtención de lucro o beneficio alguno en la gestión de este tipo de servicios públicos..
i Pedro Arrojo es Doctor en Ciencias Físicas, actualmente es profesor titular del Departamento de Análisis Económico en Zaragoza y su investigación ha estado centrada desde hace 15 años en la economía del agua
2 El comentario en bastardilla es mío
