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Comenzaré estas líneas felicitando a Baltasar Garzón. Ha conseguido su objetivo, convertir el proceso judicial que lo juzgaba en un plebiscito político. Entre las infinitas opiniones y valoraciones acerca de la sentencia que lo inhabilita durante once años, han sido escasos los fundamentos jurídicos que se han aducido.
El titulo de este artículo no ha sido elegido de forma aleatoria. La carta que María Garzón, hija del expolítico socialista, remitió a los medios de comunicación el mismo jueves por la tarde, horas después de conocerse el fallo unánime de los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es un ejemplo excepcional del maltrato y el desprecio a los que ha sido sometida la Justicia española en los últimos días. ¿Hubiera aceptado Garzón injerencias políticas, familiares y de la prensa internacional, poco documentada por cierto, en un caso instruido por él?
En un Estado de Derecho como el español, hay instituciones y principios que no permiten posiciones ambiguas. O se respeta la Justicia o no. Gaspar Llamazares ha señalado que ni respeta ni acata la decisión del Alto Tribunal. Por su parte, Cayo Lara ha repetido que el jueves pasado fue un día triste para la Justicia. Como observan, ni una mención a los razonamientos jurídicos del asunto. Además, dejan entrever que se sienten incómodos en un estado democrático, en el que hay que moverse entre la legalidad, guste o no.
La sentencia que expulsa a Garzón de la carrera judicial le atribuye prácticas totalitarias e invoca jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque, lógicamente, para extraer estos conocimientos hay que leerse la resolución del Tribunal Supremo.
Todo lo que ha ocurrido después de la primera condena a Garzón es esperpéntico. Manifestaciones en la Puerta del Sol y este último domingo a las puertas del Tribunal Supremo, en la que se llegó a gritar que esto no va a quedar aquí (sic). Políticos como Llamazares e Inés Sabanés, representante de Equo, fueron partícipes de esta agresión al Estado de Derecho. Una espiral de locura que España no se puede permitir. El PSOE también ha desperdiciado una oportunidad única para ajustarse al imperio de la ley.
El único interés que siempre ha movido a Baltasar Garzón ha sido el propio. Ha de recordarse que destapó el asunto GAL como venganza al PSOE al no recibir aquello que pidió. Este jiennense utiliza malvadamente a una parte de la población española para ejercer presiones inaceptables contra la Justicia.
No he visto a políticos ni a autodenominados representantes de la cultura española movilizarse contra el saqueo a través de los EREs que han cometido los socialistas en Andalucía o para apoyar a las víctimas del terrorismo etarra. Recientemente, la causa que le imputaba un delito de cohecho a Garzón ha sido archivada. ¿Ahora sí cobra valor la Justicia?
Garzón ha dilapidado el derecho constitucional que todo ciudadano, incluso corruptos y asesinos, posee para su defensa. La democracia española es joven e imperfecta y, a tenor de lo sucedido en días pasados, muchos han de acomodarse todavía a ella.
Manuel González García
Twitter: m_gonzalezgcia
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