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Quizás tengan razón. También existe la posibilidad de que sus tesis sean erróneas. Lógicamente, la reforma laboral que aprobó el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy el pasado diez de febrero es susceptible de ser analizada y debatida. En cambio, no hay duda de que sus efectos, tanto si son negativos como positivos, se apreciarán a medio o, más bien, largo plazo.
Sin embargo, las opiniones vertidas por las dos principales centrales sindicales de España, es decir, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, adolecen de un problema crucial. El proceder de estas asociaciones de asalariados durante los últimos siete años y medio, bajo mandato del socialista Zapatero, ha minado su credibilidad hasta situarla en un nivel negativo. Mientras se hundía España callaron y tan solo programaron una huelga general en versión light.
Ahora vuelven a escena. Han de justiciar los más de quinientos millones de euros que, anualmente, perciben de la Administración Central. Además, la cifra real de liberados sindicales es uno de los secretos mejor guardados en España. Muchos de los cuales se encuentran incrustados en los consejos de administración de las cajas de ahorro con sueldos millonarios y sin denunciar conductas dañinas de estas entidades.
Tanto CCOO como UGT son sabedores de que el poder estatal del PP durará poco. En España se vota PSOE, salvo excepciones presididas por debacles económicas. Por ello, en estos momentos han de redoblar esfuerzos para que, cuando el puño y la rosa imperen otra vez, conozcan de nuevo la vida plácida, la recolección de ayudas económicas y los agasajos por los servicios prestados.
Una soflama muy utilizada por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, representantes de CCOO y UGT, es la demonización global de los empresarios. Unos ciudadanos que decidieron arriesgar su dinero y ofertan trabajo. Seguramente, buena parte de estas personas, tan menospreciadas por los sindicatos, no pueden acceder a los Rolex y cruceros de los que sí disfrutan, por ejemplo, Toxo y Méndez.
Indiscutiblemente en España habitan empresarios especuladores, déspotas y desaprensivos. Sin embargo, la generalización y persecución sindical per se a este gremio le resta rigor al mensaje emitido.
La apuesta por acudir a la calle y proclamar lemas vacíos es legítima. No obstante, considero más pertinente que se ofrezcan soluciones viables. La situación en España no admite vacilaciones ni luchas inútiles y, por ello, sindicatos, trabajadores y empresarios han de coadyuvar para lograr el bien común.
Manuel González García
Twitter: m_gonzalezgcia
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