EL IMPUESTO DE SUCESIONES SE CUELA EN LA CAMPAÑA
En Andalucía, el impuesto de sucesiones es una carga a las clases medias y trabajadoras, lo paga el 98% de la población, dice con toda rotundidad la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas (cadena ser 22/11/2018); y Juan Ignacio Zoido (PP) dice que hay que eliminar ese impuesto, y así lo contemplan dentro del plan BMI (bajada masiva de impuestos), porque es necesario para que se produzca un cambio en nuestra tierra. Eso sí, ambos afirman que hay que mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Desde hace unos años ha cobrado especial trascendencia en el debate público las virtudes y vilezas del Impuesto de Sucesiones. Esto sería una excelente noticia si formara parte de una discusión rigurosa, sin ningún tipo de interés económico o político velado y cuyo objetivo fuese extraer conclusiones para mejorar el impuesto y lograr así mayores cotas de justicia fiscal y social. Sin embargo, el auge de esta polémica se debe fundamentalmente a la campaña que, desde hace un tiempo, viene impulsando el PP andaluz con el propósito de aumentar su caudal de votos, y ése es el motivo por el que el debate está plagado de demagogia y de mensajes falsos.
Este impuesto fue ideado por los liberales clásicos del siglo XVIII para combatir la enorme injusticia que suponía que la nobleza perpetuase su poder y patrimonio a través de la herencia y no a través del esfuerzo y del trabajo. Con la creación del impuesto se perseguía reducir las asimetrías de riqueza que se daban por el mero hecho de nacer, para fomentar así la igualdad de oportunidades: el nivel económico de cada persona debía aproximarse lo más posible a sus méritos propios y distanciarse lo máximo posible del mérito de personas ajenas, por mucho que compartiesen la misma sangre.
Hoy, el impuesto existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo (OCDE) y en 22 de los 28 de la Unión Europea. En España, este impuesto es de naturaleza estatal aunque cedido a las comunidades autónomas para que mejoren la sanidad y la educación, y tienen competencias para modificarlo; de ahí que las características del impuesto sean también muy diferentes entre unas autonomías y otras.
Con la intención de que el impuesto sea lo más justo posible la regulación exime de su tributación a quienes heredan patrimonios pequeños y, como veremos, no tan pequeños. En el caso de Andalucía, hasta el uno de enero de 2018, quedaban liberados pagar el impuesto aquellas personas que recibieran herencias con un valor neto inferior a 250.000 euros por cada heredero, de forma que si, por ejemplo, el valor neto de la herencia es de 720.000 euros y la reciben 3 hijos, ninguno de ellos tendría que pagar por el impuesto (pues a cada uno le corresponderían 240.000 euros, una cantidad inferior al mínimo exento). Es muy importante tener en cuenta que el valor del que estamos hablando debe ser neto, es decir, liberado de las cargas que reducen su valor. Por ejemplo, en el caso citado el valor bruto de la herencia podría alcanzar 1.000.000 euros, pero al existir una hipoteca pendiente de pago por valor de 280.000 euros, el valor neto sería de 720.000 (1.000.000 menos 280.000 euros). Si la cantidad correspondiente a cada heredero está entre los 250.000 y los 350.000€, tiene una reducción de 200.000€. Es decir si la familia de hijos reparte una herencia de 1.050.000 euros, a cada heredero le corresponden 350.000€ y solo cotizaría por 150.000, lo que supondría un impuesto de 21.262 euros, cantidad nada confiscatoria.
En Andalucía, solo 7 u 8 de cada 100 herederos se vieron afectados por el impuesto en 2016 (19.136 personas de 255.009 herederos), y de todos ellos sólo 5.426 eran descendientes directos. Los herederos con vínculo más lejano pagan prácticamente igual en todas las comunidades autónomas.
Tras romper Susana Díaz el pacto de gobierno con Izquierda Unida y formalizar un nuevo pacto con Ciudadanos tras las elecciones de marzo de 2015, el PSOE se suma a la bajada de impuestos, que le pide Ciudadanos y elevan el mínimo exento de pagar el impuesto de sucesiones a 1.000.000 de euros. Es decir, que una familia con dos hijos, desde del uno de enero de este año, solo pagarán impuesto de sucesiones si heredan un patrimonio igual o superior a 2.000.000 de euros. Si cuando el mínimo exento era 250.000 euros solo lo pagaba el 7,5 por ciento de herederos ahora lo pagará menos de un 2 por ciento y afectará como mucho a 1300 herederos que sean descendientes directos.
¿Pagan el impuesto de sucesiones las clases medias y trabajadoras o es un impuesto de ricos?. ¿Valdría la pena mantener este impuesto en las condiciones anteriores a enero de 2018 y mejorar con él la sanidad y la educación?.
¡Las mentiras no valen ni en campaña!
