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La premisa básica del planteamiento que voy a exponer es que no se puede consentir que exista una pequeña farmacia en algún cajón de muchos hogares españoles. En tiempos de bonanza, ahora añorados, los pensionistas, sobre todo, gozaban de barra libre para adquirir medicamentos que, posteriormente, transmitían a sus allegados. Esta práctica no se ha de permitir en ningún período, ni cuando disfrutemos de superávit ni en situaciones de déficit.
Ahora, con una España que se desangra económicamente, se buscan fórmulas para recortar gastos y recibir ingresos. Una de estas propuestas es el copago sanitario. Para evitar confusiones, he de señalar que esta idea no significa que todos los ciudadanos españoles estén obligados a realizar un desembolso pecuniario por las medicinas, sino que se considerarán las circunstancias económicas de cada persona para valorar si debe contribuir con una pequeña cantidad a las arcas públicas o no. El copago sanitario también propone que se informe a cada persona de lo que le cuesta al Estado los medicamentos que está percibiendo o, en otros casos, lo que se invierte en una operación en un hospital público.
Me posiciono a favor de que el principio de solidaridad rija entre los españoles y, así, que los que disfruten de una economía saneada colaboren con la sanidad pública a través de una ajustada aportación. Además, ha de controlarse que cada medicamento que se expida cumpla su función y sea útil para el beneficiario. En países como Francia, Alemania o Portugal ya existe el copago. Y en Reino Unido, los facultativos sólo entregan a los pacientes las dosis exactas que precisan. Además, si tienen que acudir a una farmacia, abonan un tanto por ciento del importe de los medicamentos. Por último, para la tranquilidad general, el coordinador de Política Municipal y Autonómica del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, señaló hace unos días que su formación rechaza el copago al considerar que existen iniciativas de ahorro más interesantes. Así que parece que se incidirá en el error.
Sin embargo, propongo que este planteamiento se extrapole a otros ámbitos de la vida pública. Por ejemplo, sería lógico, de acuerdo con lo que se desprende del copago sanitario, que cada vez que un cargo público se suba a su coche oficial, se le entregue la factura reflejando lo que ha costado. También, se podría hacer lo mismo con las comidas, recepciones o actos oficiales que se sufraguen con dinero público. No sería una mala costumbre que también se advirtiera a estas personas lo que supone un viaje en clase especial en trenes o aviones o se les comunicara a lo que ascienden sus gastos en telefonía móvil. Así sería más fácil que pudiera tomar conciencia esta parte de la sociedad. Por ello, sugiero la instauración de un copago global y que no sólo afecte a los ciudadanos que no trabajan para la Administración, como suele ocurrir.
Manuel González García
Twitter: M_gonzalezgcia
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