Una decena de vecinos de la pedanía lucentina de Las Navas del Selpillar, constituidos en "Plataforma de Indignados de Las Navas", entregó el pasado viernes en el ayuntamiento de Lucena las más de 400 firmas que han recogido en esta aldea de Lucena para exigir al ayuntamiento una solución definitiva para los accesos al Colegio de Infantil y Primaria San Francisco, que desde hace casi diez años se ha convertido en foco de preocupación para los padres de los alumnos matriculados en el centro por la dificultad para acceder al misma.
"Exigimos que nos escuchen para que, de una vez por todas, el ayuntamiento se deje de chapuzas y construya un acceso digno para los niños, llevamos diez años peleando por esto y no podemos seguir esperando"., señalaba Chari Muñoz, presidenta del AMPA "Maestra Carmen Sánchez", que asegura que "el actual alcalde se comprometió a arreglarlo y no lo ha hecho, por lo que estamos aquí para recordárselo y volveremos cuantas veces sea necesario".
Por su parte, Gregorio Flores, miembro de la plataforma, indicó que "la educación debe ser igual para los niños de Lucena que para los de Las Navas, ya que pagamos los mismos impuestos, el curso se acaba y es el momento de arreglarlo ya". La plataforma asegura que no han querido sacar el tema durante la campaña electoral para no politizarlo, "pero ya no podemos esperar más a que se ofrezca una solución al alumnado de este centro".
Actualmente existen dos formas de acceder al colegio: una estrecha vía sin acerado pensada para el tráfico rodado y un acceso peatonal que arranca en la urbanización del Plan Parcial NS1, aún sin urbanizar. Este último paso es el que más protestas e indignación ha generado tras su reciente reparación. Según Chari Muñoz, "este acceso peatonal está ahora mucho peor que antes". El estado del sendero por el que los menores transitan y en el que el ayuntamiento ha esparcido zahorra, impide la utilización de mochilas con ruedas y ha provocado numerosas caídas.
A este colegio lucentino asisten diariamente unos 80 estudiantes –de edades comprendidas entre los 3 y los 11 años–. El ayuntamiento esgrime que los suelos no son de titularidad municipal, pero según los vecinos, la entidad financiera propietaria se ha mostrado dispuesta a alcanzar un acuerdo que permita desbloquear la situación.
