La empresa municipal Suvilusa adeuda varios miles de euros a la comunidad de vecinos del edificio de viviendas de protección oficial construido en el barrio de Dehesa de la Villa.
La deuda corresponde tanto al impago de las cuotas de casi un centenar de cocheras de titularidad municipal –la mayoría no utilizadas– como a las de los pisos no vendidos y las de aquellos que fueron arrendados a través del Plan Municipal de Vivienda, en régimen de alquiler con opción a compra.
Desde hace cuatro años el problema se manifiesta públicamente cuando llega el verano. Y es que la Junta General de la Comunidad de Vecinos niega a cualquier propietario que no esté al corriente de sus cuotas la tarjeta de uso de la piscina, y esta situación afecta, entre otros, a los inquilinos de Suvilusa, que pese a poder estar al día de sus pagos a la empresa municipal tienen prohibido el acceso a la piscina comunitaria.
En la última sesión plenaria, a finales de junio, el tema ya fue puesto sobre la mesa en el turno de ruegos y preguntas, pero por el momento todo sigue igual y los arrendatarios de pisos municipales –veintidós de las algo más de un centenar de familias que residen en esta promoción pública– siguen sin poder acceder a la piscina ante la falta de liquidez de Suvilusa.
La empresa que viene siendo un quebradero de cabeza para el ayuntamiento desde que se inició la crisis inmobiliaria. A ello han contribuido distintos factores, todos negativos: el retraso en la recepción de algunas subvenciones; la renuncia de algunos adjudicatarios a sus pisos ante la imposibilidad de poder acceder al crédito y la necesidad de devolverles las cantidades depositadas a cuenta; la imposibilidad de vender los pisos, cocheras y locales comerciales por la caída de la demanda y la existencia de propiedades incluso más baratas en el mercado libre; los despidos de parte de su plantilla o la alta tasa de morosidad de sus inquilinos, que incluso ha llegado en algunos momentos al 45%. Así, la empresa del Ayuntamiento de Lucena tiene hoy un gran activo en propiedades, pero una caja completamente vacía. En varias ocasiones se ha puesto sobre la mesa su disolución y la subrrogación del consistorio en sus derechos y obligaciones, pero hasta ahora nadie ha querido ponerle el cascabel al gato.
Los vecinos, que esta semana se han reunido con representantes del equipo de gobierno para exponerles la situación, han recibido promesas de que el problema está en vías de solución. Mientras llega ese momento se sienten 'moneda de cambio' entre Suvilusa y la comunidad de vecinos. "Nosotros pagamos a Suvilusa nuestro alquiler –250 euros en los que se incluye la cuota de comunidad, un precio similar al de cualquier otra zona de Lucena– además del seguro del piso, por lo que no es justo que nuestros hijos se vean señalados, impidiéndoseles el paso a la piscina junto al resto de niños por una deuda que no hemos contraído", señalaba ayer a este periódico uno de los afectados.
"No hay derecho a que nos veamos señalados por algunos residentes", señala otro, cansado de promesas de solución para un problema que se repite cada año por estas fechas, pese a reconocer que desde la empresa "nos están ayudando en otras cosas", como la posibilidad de hacer frente a la opción de compra de los pisos prevista en sus contratos.
44.000 EUROS DE DEUDA
Según María Teresa Pérez, administradora de la comunidad de vecinos, Suvilusa adeuda en estos momentos unos 44.000 euros por distintos conceptos. "Lejos de disminuir, la deuda ha ido en aumento", pese a que la empresa ya fue condenada en 2014 a pagar unos 15.000 euros por el mismo concepto tras una denuncia, indica la letrada lucentina, que ya ha notificado a la empresa municipal el inicio de un nuevo procedimiento judicial para intentar cobrar lo adeudado, ante la imposibilidad de hacerlo por otra vía.
Señala Pérez que el volumen de la deuda "está colapsando el normal funcionamiento de la comunidad, he incluso impide que se pueda hacer frente a algunos problemas graves", como la elaboración de un informe técnico sobre algunas patologías detectadas en el edificio, que han de ser reclamadas, situación que ha sido trasladada también al Defensor del Pueblo.
Los pagos de la empresa municipal llegan de forma esporádica. "Desde marzo no han pagado nada", indica la administradora. "Pueden pagar un mes, pero no los tres o cuatro anteriores, ni tampoco el principal de la deuda acumulada, con lo que la situación es totalmente insostenible", asevera Pérez.
Respecto a la medida de prohibir el acceso a la piscina, la abogada lucentina reitera que "no es una medida discriminatoria sobre los inquilinos de Suvilusa, sino general para todos los propietarios". Reconoce que "muchas veces pagan justos por pecadores, sobre todo en el caso de los niños", pero la apertura de la piscina sirve para que muchos residentes se pongan al día de las cuotas atrasadas, que son fundamentales para que la comunidad pueda seguir manteniendo su servicio a los vecinos. Tiene claro que, respecto a los arrendatarios de pisos de SUVILUSA, es la empresa municipal la única culpable de la situación.
Para más inri, la situación no es única de esta comunidad y también afecta, en menor medida, a la promoción pública de El Zarpazo.
