La situación económica del Consistorio lucentino quedó en entredicho esta mañana en el transcurso de la sesión plenaria celebrada en el ayuntamiento.
Según ha revelado el portavoz de Entre tod@s sí se puede, Vicente Dalda, el informe de la Interventora Municipal sobre el estado de ejecución de los presupuestos municipales referida al segundo trimestre del año, advierte en relación al gasto en personal, que no será posible realizar ninguna contratación más en lo que queda de ejercicio y subraya que será necesario suplementar algunas partidas de gasto corriente o pedir aplazamientos en temas como la aportación del consistorio al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios. Según Dalda, "el informe de la interventora avisa de que gastamos más de la cuenta y no podremos llegar a final de año", ante lo cual pidió al equipo de gobierno que explique "qué medidas va a adoptar para corregir esta situación".
Por su parte, José Cantizani, responsable de Hacienda en el periodo al que se refiere el informe, mostró su desacuerdo con las apreciaciones de Dalda y la interpretación de la situación económica municipal que hace el área de Intervención. Según Cantizani en la partida de personal solo se ha gastado en los seis primeros meses del año un 48´4% del crédito disponible, porcentaje en el que se incluye el gasto extraordinario que supuso el pago del 25% de la paga extra detraída a la plantilla municipal por decisión del Ministerio de Hacienda en 2012, gasto que no será necesario realizar en el segundo semestre del año.
Respecto al gasto en el capítulo de Bienes Corrientes y Servicios, Cantizani manifestó que solo se ha dispuesto del 46´8% del presupuesto asignado, no alcanzado siquiera el 50% que sería razonable a mitad del año.
Además, el informe de la Intervención Municipal alerta sobre la situación de la Agencia de Innovación de Lucena que sigue estando en "causa de disolución" y sobre la ausencia de unos informes trimestrales sobre su situación económica, que desmintió edil de Innovación, Manuel Lara Cantizani.
A todo ello se unirían los actuales problemas de liquidez derivados de la elevada deuda que las administraciones central y autonómica mantienen con el ayuntamiento –asunto al que dedicamos hoy otra información–, lo que ha hecho que el plazo medio de pago a proveedores pase en tres meses de 33,65 a 48,85 días, y el importe de las facturas impagadas se duplique en este periodo.
Mañana está previsto que se celebre una rueda de prensa en la que el equipo de gobierno explicará la situación económica municipal.
