1,5 millones de euros podría ser finalmente el 'punto de encuentro' en el que quede fijado el justiprecio por los suelos y edificaciones de las estaciones de ferrocarril de Lucena y Las Navas en el conflicto que mantienen el Ayuntamiento de Lucena y ADIF sobre la enajenación de estos suelos. Así lo ha confirmado a LucenaHoy el concejal delegado de Obras, José Cantizani, que indicó, no obstante, que "el acuerdo final aún puede dilatarse durante varios meses, por lo que por el momento solo podemos hablar de un principio de acuerdo".
Ayer, técnicos de la empresa pública de infraestructuras ferroviarias, propietaria de los terrenos que el ayuntamiento ha mantenido bajo alquiler durante los últimos años, se desplazaron a Lucena para seguir trabajando en aras a lograr un convenio favorable para ambas partes que se viene negociando desde hace al menos dos años y que incluiría el pago de una parte de esos 1,5 millones de euros en efectivo en un plazo de cinco años y el resto mediante la entrega de suelos de propiedad municipal. Según ha explicado José Cantizani, "les hemos ofrecido todo lo que tenemos en aras a lograr cerrar un acuerdo, suelos residenciales de protección oficial y renta libre en El Zarpazo y en el PPO1 y suelos industriales en el polígono Pilar de la Dehesa y el parque empresarial Príncipe Felipe".
Ahora deberá ser el consejo de administración de ADIF quien se manifieste sobre la oferta municipal, aunque no lo hará antes del próximo mes de octubre. Según Cantizani "caso de cerrarse con un acuerdo mutuo, sería una buena noticia para Lucena", que sería titular de unos suelos que los lucentinos ya consideran propios y que están llamados a convertirse en uno de los pulmones verdes y zona de esparcimiento de la ciudad.
La reunión de ayer en Lucena es continuación de la mantenida en Madrid en pasado 8 de febrero con el Director de Patrimonio de Adif, Alfredo Cabello, para continuar con la negociación respecto a la compra de las dos antiguas estaciones de ferrocarril de la ciudad, un espinoso asunto, si tenemos en cuenta que mientras el ayuntamiento estimaba inicialmente en menos de 350.000 euros el valor de los suelos en disputa, ADIF eleva esa apreciación hasta los 4,5 millones de euros, valoración que, caso de ser reconocida como justiprecio por la Comisión Provincial de Valoración supondría un importante descalabro económico para las arcas municipales.
Hasta ahora las divergencias se han centrado tanto en el valor económico de los terrenos como en la propia definición de los bienes y derechos afectados por la expropiación, toda vez que el ayuntamiento mantiene la naturaleza municipal de parte de los terrenos que ADIF incluye en la operación.
Así, pese a mantener abierta la negociación, el ayuntamiento ha mantenido abierto el expediente iniciado a partir del documento de finales del siglo XIX aportado por el Cronista Oficial de la ciudad, Francisco López Salamanca, en el que se pone de manifiesto que la estación de Lucena es propiedad del Ayuntamiento, de lo que da testimonio un informe de una comisión municipal de gobierno de la época en la que se afirma que el Consistorio habría adquirido los terrenos. A ello se suman las numerosas inversiones ejecutadas a instancias del propio ayuntamiento para la mejora de estos suelos, que hace unas décadas se habían convertido en un auténtico vertedero.
En contra de esa apreciación de carácter histórico, juega sin embargo el hecho de que el consistorio haya mantenido hasta ahora un contrato de arrendamiento de ambas estaciones.
