La teniente de alcalde de Hacienda, Araceli Bergillos, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para aclarar que las notificaciones catastrales que están recibiendo numerosos ciudadanos de Lucena forman parte del proceso de regularización catastral desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a nivel nacional.
Según explica el propio ministerio en su web, dicho proceso tiene como objetivo dar de alta cualquier alteración que se haya realizado durante los últimos años en los inmuebles, tanto urbanos como rústicos, y que no se haya declarado. En este sentido, la concejal lucentina ha explicado que "lo correcto cuando un propietario hace una obra o un cambio en el uso de su vivienda o finca rústica es comunicarlo al Catastro", sin embargo para detectar aquellos casos en los que esa actualización no se ha producido de forma voluntaria, el ministerio lleva a cabo desde el año 2012 una regularización de las expedientes catastrales, iniciando el proceso girando a cada propietario con alteraciones en su inmueble el pago de una tasa de 60 euros, sin carácter sancionador.
"Desde Lucena, pedimos al Ministerio que la revisión no se hiciera en nuestra ciudad hasta este año, con la intención de llevar a cabo desde el ayuntamiento nuestra propia revisión, que no llevara aparejado el pago de 60 euros que sí aplica el Gobierno", ha comentado Bergillos, quien ha presentado como resultado de ese proceso unas 550 unidades catastrales revisadas que se cerraron con unas liquidaciones por valor de 104.000 euros, con una media de 189 euros por propiedad.
Por los datos avanzados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública al consistorio, el proceso de revisión catastral actual afecta, según unas estimaciones presentadas como "provisionales", a unos 3.000 inmuebles de la ciudad, lo que representa en torno al 5% del censo catastral de Lucena formado por 52.000 unidades catastrales, entre las urbanas y las rústicas. Esta revisión, además del pago de las liquidaciones por las irregularidades detectadas, supondrá el incremento de todos los impuestos que toman como base el valor catastral para calcular la cuantía a abonar, así como la liquidación con carácter retroactivo del IBI de los últimos cuatro años por la diferencia entre el anterior valor catastral y el revisado.
Asesoramiento municipal
Durante su comparecencia, Araceli Bergillos ha avanzado que tras las notificaciones enviadas por el ministerio los vecinos disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones, si lo consideran necesario. Para ayudar a los ciudadanos en ese trámite, "el ayuntamiento pone a disposición todos los recursos humanos y técnicos de la Oficina del Catastro para asesorar a los propietarios, incluso hemos ofrecido a la empresa contratada por el ministerio un espacio en la Gerencia de Urbanismo para atender allí a los vecinos y así evitarles traslados innecesarios hasta la sede de dicha sociedad en Córdoba".
De otra parte, Bergillos ha recordado que el ayuntamiento dispone de instrumentos para facilitar el aplazamiento del pago de impuestos en aquellos casos en los que resulte necesario.
