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El Partido Popular en el ayuntamiento de Lucena ha acusado al grupo municipal de IU, actualmente integrado en el equipo de gobierno municipal y en el de la Junta de Andalucía junto al PSOE, de haber cambiado su discurso con respecto a la deuda que la administración andaluza mantiene con el consistorio lucentino por la ocupación de terrenos municipales para la construcción del tramo Lucena-Cabra de la autovía del Olivar.
En la pasada sesion plenaria, el portavoz popular, José María Morillo-Velarde, recordaba al concejal de Urbanismo, Miguel Villa, su permanente reivindicación durante la anterior corporación, cuando IU no estaba en el gobierno local ni autonómico, para que la Junta de Andalucía completase el expediente de expropiación de los suelos con el establecimiento de un justiprecio y lo culminase con el pago en efectivo del mismo, partiendo de la valoración realizada en su día por la propia consejería de Obras Públicas, que cifraba el coste de los suelos en casi un millón de euros. Ahora, un año después indicó Morillo-Velarde usted está aquí y su formación en el gobierno de la Junta de Andalucía, y precisamente a cargo de la Consejería de Obras Públicas, por lo que cumplir con ese objetivo debería ser más fácil, pese a lo cual preguntó a Villa si mantiene hoy lo que decía entonces, mostrándose convencido de que la nueva situación de IU ha llevado a esta formación a rebajar sustancialmente el tono de sus peticiones.
Por su parte, Miguel Villa, respondió que si hay que reclamar, lo hare y recordó que su grupo mantiene lo que dijo siempre sobre la necesidad de culminar el procedimiento de expropiación mediante el establecimiento de un justiprecio y así se está haciendo. Villa recordó que ya se ha constituido una comisión de seguimiento y se han celebrado varias reuniones para concluir indicando que no tenga duda de que se seguirá reclamando y si al PP no le gusta el resultado, podrá impugnarlo.
Este conflicto entre ayuntamiento y Junta se viene dilantando desde varios años. Siendo consejera de Obras Públicas Rosa Aguilar, se firmó un protocolo de intenciones no culminado ni aceptado nunca por IU ni el PP, por el que la Consejería incluía como forma de pago la realización de algunas obras, en su mayoría complementarias a la propia autovía. Desde entonces el tema sigue bajo negociación.
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