Los trabajadores y trabajadoras de la red de consorcios de formación para el empleo de Andalucía, en la que se incluye el consorcio Escuela de la Madera de Encinas Reales, CEMER, han emitido una nota de prensa en la que recuerdan que durante todo el curso académico 2014-2015 no se han podido impartir las acciones formativas destinadas a desempleados, por falta de financiación de la Junta de Andalucía, y esto ha conllevado también el impago de los salarios, el deterioro de los centros de trabajo y del personal.
Denuncian, asimismo, el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía, de la normativa legal vigente relativa a Entes Instrumentales, las instrucciones de 7 de octubre y 13 de noviembre de 2014, que establecían la hoja de ruta diseñada por la propia administración autonómica. En ella, aplicando la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad del sector público, se procedió a tramitarse la disolución de los consorcios y llevar a cabo una "cesión global de activos y pasivos" a la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación (APAEF), perteneciente a la Consejería de Educación y habilitada para tal fin por el Decreto-Ley 13/2014 de 21 de octubre, adaptando los estatutos del antiguo ISE para transformarlo en agencia. Todo ello fue aprobado, hace ya muchos meses, por los consejos rectores de cada consorcio, con el voto favorable de los ayuntamientos que participaban en ellos, siempre que se cumpliera la condición de que se mantuvieran los centros, su actividad formativa y los puestos de trabajo.
Desde el CEMER se asegura que se ha estado colaborando con la Junta de Andalucía, "aportando toda aquella documentación que nos ha sido solicitada, confiando de buena fe que la hoja de ruta ya mencionada llegaría a buen término. Una ruta de la que nunca hemos conocido ni su longitud ni sus etapas, ni en qué momento estábamos en su recorrido. Y que cada vez que parecíamos llegar a la meta, nos imponían otro trámite para cumplimentar. Transmitimos, igualmente, la preocupación de los ayuntamientos implicados que nos informan que los procesos pueden caducar o revocarse, debido a la excesiva e incomprensible dilatación del proceso de disolución".
Este nuevo epiodio de protestas en los consorcios-escuela andaluces vienen provocadas por las declaraciones de la Consejera, Adelaida de la Calle, en su intervención en la Comisión de Educación del Parlamento Andaluz, de fecha 8 de julio de 2015, en la que dejó dudas sobre la intención de la Junta de cumplir la normativa acordada. De inmediato los centros iniciaron las protestas y acciones que, hasta ahora, no se han traducido en soluciones concretas.
Los centros, reunidos ayer en Málaga, han transmitido su "agotamiento y desesperación, pues a la fecha que estamos, a punto de terminar la actividad parlamentaria, no se nos da ninguna solución y se nos emplaza para septiembre, con lo que nos espera por tercera vez consecutiva un mes de agosto de incertidumbre. Denunciamos, además, que no solamente se menoscaban nuestros derechos fundamentales al no recibir nuestro salario, sino que además desde la propia Junta se ataca nuestro honor, lo que constituye también un delito, calificándonos de "enchufados" y otros calificativos denigrantes para desprestigiarnos".
Los responsables de los centros, insisten "en el éxito demostrado de nuestros centros y en el alto nivel de inserción laboral de nuestros alumnos que casi roza el cien por cien".
