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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lucena aprobó el pasado jueves iniciar un expediente sancionador contra la empresa Cytel Tecnología, Ingeniería y Montajes, que se encarga de la instalación del sistema de iluminación del nuevo estadio municipal. Según ha explicado a LucenaHoy el concejal delegado de Urbanismo, Miguel Villa, Cytel ha incumplido reiteradamente todos los plazos, incluido el cronograma que ellos mismos propusieron. Villa indicó que la Gerencia de Urbanismo accedió el pasado 19 de agosto a conceder una prorroga de un mes, atendiendo parcialmente la petición formulada por la empresa. Sin embargo señala el edil- agotado ese plazo no hemos observado avances en la obra que permitan pensar en una finalización inmediata de los trabajos. Esas apreciaciones han sido ratificadas por un informe de los servicios municipales.
En base a dicho informe y a las estipulaciones del contrato, la Junta de Gobierno Local ha aprobado aplicar una penalidad diaria de 0,20 por cada mil euros de contrato, lo que equivale a una sanción de casi 90 euros al día, a aplicar desde el pasado día 19 de septiembre, con lo que la sanción a día de hoy ascendería ya a más de 3.500 euros.
Según explicó Villa a LucenaHoy, esa sanción puede tener un límite máximo de un cinco por ciento del valor total del contrato. Llegados a ese punto el Ayuntamiento podría rescindir el contrato con Cytel y volver a contratar lo que reste de obras con una segunda empresa.
La otra opción que se plantea es la de rescindir el contrato de forma unilateral, una opción que podría dar lugar al inicio de un pleito que podría prolongarse durante un periodo de tiempo aun mayor, imposibilitando la conclusión de los trabajos.
Así las cosas, y a pesar de que los primeros elementos de los torres de iluminación ya han llegado al estadio, el concejal de Urbanismo, Miguel Villa, se muestra poco optimista sobre la posibilidad de que las obras en marcha terminen antes de final de año e incluso aventura un plazo más largo por causas no imputables al ayuntamiento y a pesar de los esfuerzos municipales por reconducir el problema de una empresa, que, una vez más, deja dudas sobre su capacidad para concluir un proyecto municipal, retrasando la entrega del objeto del contrato.
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