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Redacción
No es una buena noticia para Lucena que el proyecto del campo de golf se quede en papel mojado. No lo es que una iniciativa, avalada por quinientos socios, no pueda salir adelante por la actitud de una administración que debería estar para ayudar a resolver los inconvenientes, en lugar de convertirse en el primer obstáculo para que un proyecto, cualquier proyecto, pueda desarrollarse.
Mucho se ha escrito y comentado sobre el campo de golf de Lomas del Duque, en la mayoría de ocasiones sin conocimiento de causa. Desde su presentación oficial, hace ahora diez años, el proyecto se convirtió en una carrera de obstáculos, arrastrando siempre la sospecha de una operación urbanística encubierta, más centrada en la obtención de plusvalías que en conseguir una infraestructura turístico-deportiva de calidad. Eran otros tiempos, el "ladrillo" estaba en su apogeo y todo el mundo quería ser promotor inmobiliario y apuntarse al "pelotazo". El hecho de que entre las cabezas visibles del proyecto hubiese algunos conocidos constructores tampoco ayudó a disipar esas dudas.
Sea como fuere, lo cierto es que el proyecto no levantó pasiones entre el conjunto de la población. Pese a su espectacularidad y novedad y a las expectativas económicas que abría de par en par, no enamoró a los ciudadanos. Quizá haya que buscar en ese hecho una de las claves de su fracaso. Los promotores debieron emplear más esfuerzos en explicar a los lucentinos y al conjunto de la comarca la importancia para el futuro de esta iniciativa. Debieron apostar por conseguir que la Subbética, en su conjunto, hiciera suyo el proyecto, confiara en él, peleara por él de forma unitaria. Muy al contrario, han pesado más los estereotipos y los manidos clichés del golf como deporte de "ricos" que las inmensas perspectivas para el desarrollo socio-económico que subyacen tras la creación de una infraestructura de estas características.
Los enemigos del campo de golf apelaron a todo lo apelable: que no era sostenible desde el punto de vista medioambiental, que no contaba con agua, que no garantizaba los servicios básicos y, sobre todo, que pesaba demasiado el componente residencial sobre el turístico-deportivo.
Los promotores intentaron subsanar cada uno de los déficit planteados desde los despachos con la modificación del proyecto inicial y la reducción progresiva del número de viviendas "adosadas" al campo de golf. En 2006 incluso llegaron a proponer a la Junta de Andalucía que fuese la administración autonómica la que construyese el campo sobre los terrenos adquiridos por las sociedades promotoras y sin vivienda alguna. Pero nada era suficiente para una Junta de Andalucía para la que el golf había pasado de motor de desarrollo económico y turístico a palabra tabú. Diferencias de criterio entre las consejerías implicadas, falta de definición en un decreto que se dilató en el tiempo durante años, diferencias de interpretación sobre el mismo, modificaciones sobre lo modificado. Un paso adelante, dos pasos atrás y el tiempo pasó. Diez años.
Es razonable pensar que tras una iniciativa de este calado hay intereses económicos. Y si es así... ¿qué hay de malo en ello?. Es lícito que así sea. Al fin y al cabo se trata de personas que se reúnen en una sociedad privada y que, con fondos privados, deciden poner en marcha una iniciativa. El papel de la administración debe ser en todo momento el de velar por el cumplimiento de la ley, pero también el de hacer que la ley sea clara y existan unos protocolos que permitan su cumplimiento. Poner las bases para que quien arriesga pueda obtener un beneficio de su inversión, del mismo modo que los límites y las barreras para que nada escape al control de esa actividad. No es lógico ni razonable que los proyectos de hoy tengan que pagar por la permisividad y la vista gorda que la propia administración hizo en el pasado y que nos ha legado auténticas aberraciones urbanísticas a lo largo de toda la costa española. ¿Es eso lo que está ocurriendo? Desde el año 2001 no se ha iniciado la construcción de ningún campo de golf en Andalucía. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Si queda una sola oportunidad para que Lucena pueda beneficiarse del proyecto del campo de golf, políticos y promotores tienen la obligación de estudiarla; de potenciar lo positivo de la iniciativa y minimizar lo negativo; de encontrar los puntos de encuentro y limar las diferencias; de pactar un modelo sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental, turístico y social; de hacer de iniciativas como esta una bandera común que derribe las barreras administrativas.
Ojalá no tengamos que hablar de otra oportunidad pérdida. Quizá aún estemos a tiempo.
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