El próximo 30 de junio es la fecha límite para solventar cualquier compromiso insatisfecho con los futbolistas que han competido en Segunda División B. Este plazo inexcusable supone una presión agobiante en la existencia del Lucena CF. La junta directiva celeste remitió, a finales de la semana pasada, un documento a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en el que se comprometía a abonar el 60% de la deuda contraída con los jugadores en diez días a la vez que planteaba a los asalariados renunciar al 40% restante. Fuentes de la plantilla celeste han confirmado a LucenaHoy que el criterio unánime es rechazar un ofrecimiento que consideran del todo insuficiente.
Jesús Barbadilla, como miembro del sindicato nacional, contactó con Antonio Sarmiento, capitán del equipo en los últimos años, con la intención de trasladarle el escrito enviado por los administradores del club. Finalmente, Pepe Díaz, otro de los componentes más autorizados del vestuario, se encargó de comunicar la información a sus compañeros de un modo individual. La oposición conjunta a la propuesta de los gestores ha sido instantánea y los deportistas tan solo aguardan la retribución íntegra de sus emolumentos.
Al término de la campaña 2014-2015, ejercicio que concluyó con el descenso del Lucena a Tercera División, la entidad lucentinista adeudaba al plantel seis mensualidades. Finalmente, tras analizar las diferentes reclamaciones, la comisión mixta de la categoría de bronce ha cifrado las obligaciones incumplidas en unos 80.000 euros.
La única forma de evitar la caída a Primera Andaluza, y la más que posible desaparición del club, es pagar los atrasos acumulados antes de final de mes o alcanzar un acuerdo con los profesionales que, por el momento, se antoja imposible.
Los ocho embargos que atenazan al club, entre los que resalta un bloqueo de la Seguridad Social en base a un débito de 384.000 euros, impiden la recepción de subvenciones públicas, el principal amparo esgrimido por los rectores. Asimismo, tanto Juan Arsenal como Serafín Gil también exigen el cobro del dinero reflejado en sus respectivos contratos. El ultimátum para la supervivencia acaba en dos semanas.
MANUEL GONZÁLEZ
