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La institución provincial ha bajado sus ordenanzas fiscales un 4% en relación al Índice de Precios al Consumo (IPC) durante el presente mandato. El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha indicado que de esta manera, vamos haciendo realidad algo que este equipo de gobierno se propuso desde que hace tres años se hizo cargo de la Diputación y que responde a un compromiso social con los más desfavorecidos, la reducción de la carga fiscal; todo ello después de que se incrementarán las ordenanzas durante el último año del anterior mandato por encima del 22,5% respecto al IPC.
En concreto, para 2014 se ha realizado una modificación de la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público de la Diputación de Córdoba, con la finalidad de dar respuesta a la situación de necesidad en que se encuentran determinadas familias como consecuencia de la crisis, cuya escasez de recursos dificulta la posibilidad de afrontar de forma inmediata el pago de sus deudas a la hacienda pública con el consiguiente riesgo de lanzamiento de la vivienda habitual.
Esa modificación tiene que ver con el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas, así como con los embargos de inmuebles, con el objetivo de dar tiempo a estas familias a superar la situación económica que padecen y permitir el pago de sus deudas pendientes, quedando la ejecución de la vivienda familiar como una actuación a acometer solo en última estancia. En concreto, las ordenanzas fiscales para 2014 son un balón de oxígeno para la sociedad cordobesa con el que pretendemos contribuir a la recuperación económica, ha indicado.
La modificación de las ordenanzas para beneficiar a las familias más necesitadas también incluye, por ejemplo, que las deudas cuyo importe no supere los 3.000 euros podrá aplazarse o fraccionarse como máximo 18 meses; las de entre más de 3.000 y 5.000, hasta 24 meses; y las de más de 5.000 euros, hasta un máximo de 30 meses. En circunstancias excepcionales se podrán otorgar cuotas mensuales hasta un mínimo de 25 euros y, también con carácter extraordinario, cuando el deudor y las personas que conviven en él se encuentren en paro, con escasez manifiesta de recursos para hacer frente a la deuda y cuyo único patrimonio embargable sea la vivienda habitual, se podrá conceder un aplazamiento especial de la deuda por el plazo de un año, prorrogable por otro más.
La aprobación definitiva se traduce además en una subida media de un 0,77% para la tasa de recogida de basura y del 2% y el 4% para las relativas al servicio del Ciclo Integral del Agua (CIA) y depuración, y al de alta de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), respectivamente. Asimismo, el servicio de tratamiento de residuos se incrementa un 4%.
El vicepresidente primero de la Diputación y responsable de Hacienda, Salvador Fuentes, ya explicó al respecto que tras dos años de congelación de estas tasas, no podemos poner en riesgo el futuro de las empresas públicas, detallando que, en el caso de Emproacsa, los informes técnicos insisten en que el consumo de agua en la provincia va a caer un 10%, lo que supondrá un impacto en forma de pérdidas de 1,2 millones de euros, mientras que en el de Epremasa relató que a partir del próximo año pasaremos del 50 al 100% en el tratamiento y separación de residuos, lo que supondrá un mayor coste. Si no actuamos con responsabilidad, en 2015 nos encontraríamos con un agujero que daría al traste con las empresas públicas, resaltó.
Puntualizó que hemos humanizado las tasas, para hacer especial hincapié en que las subidas de Emproacsa supondrán para una familia de dos miembros y un gasto de 20 metros cúbicos un incremento del recibo de siete céntimos al trimestre; y en el caso, por ejemplo, de que la familia sea de cuatro miembros y el gasto de 40 metros cúbicos, sería de 1,40 euros, especificó.
El orden del día del Pleno contemplaba un punto que nada tenía que ver con las ordenanzas y que ha sido retirado para tratar en una próxima sesión. Se trata de la propuesta para el cese de la participación institucional de la Diputación en determinadas entidades de carácter público o privado, que no aportan nada al funcionamiento de la sociedad cordobesa, en palabras de Andrés Lorite.
