La Fiscalía pide 42 años de prisión para un sacerdote acusado de abusar sexualmente de tres menores en una localidad de la subbética cordobesa que no ha sido dada a conocer. El caso se encuentra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, pendiente de juicio, tras haber sido investigados los hechos por uno de los Juzgados de Primera Instancia de Lucena.
Según recoge la calificación provisional de los hechos, a la que ha tenido acceso Europa Press después de adelantarla 'Diario Córdoba', el Ministerio Público acusa al presunto autor de la supuesta comisión de tres delitos continuados de abusos sexuales y otros tres delitos continuados de prostitución, explotación sexual y captación de menores, que se habrían producido en el entorno de la parroquia a la que pertenecía el sacerdote.
Los hechos supuestamente ocurrieron entre 2016 y 2018. El procesado presuntamente ofrecía regalos a las víctimas –todas ellas de edades inferiores a los 16 años– a cambio de encuentros sexuales. Estos regalos iban desde móviles de alta gama, ropa y zapatillas deportivas hasta dinero en efectivo.
"Aunque en principio fue el acusado el que les propuso a cada uno tener relaciones", según relata el fiscal, después, cuando las víctimas deseaban algún objeto de su interés o dinero, acudían en busca del presunto autor, sabedores de que podían obtenerlo a través de las relaciones sexuales. "El acusado nunca empleó violencia o intimidación de algún tipo", asevera el Ministerio Público.
Por tanto, la Fiscalía solicita diez años de prisión y un día por cada uno de los presuntos delitos de abusos sexuales, así como diez años de libertad vigilada, su inhabilitación y 25 años de alejamiento e incomunicación con las víctimas. Por cada uno de los delitos de prostitución, la pena de cárcel pedida asciende a cuatro años y un día, además de cinco años de libertad vigilada y 25 años de orden de alejamiento.
EL OBISPADO SUSPENDIÓ AL SACERDOTE
Al respecto de esta noticia, el Obispado de Córdoba ha destacado que a dicho cura ya se le impusieron, en su momento "las medidas cautelares necesarias, que incluyen la suspensión del ejercicio público del ministerio".
Así y en un comunicado, el Obispado, "una vez que se ha hecho pública la situación judicial" del mencionado sacerdote, ha querido dejar claro que, "en comunión con el Magisterio de la Iglesia, condena todo tipo de maltrato o abuso cometido contra los menores y las personas vulnerables".
Además, "seguirá estando comprometido decididamente con la prevención de este tipo de delitos" y en "la actuación contra los mismos, a través de su Código Diocesano de Buenas Prácticas, el Protocolo Diocesano de Actuación, la Oficina Diocesana para la Protección de los Menores en la Iglesia y la aplicación de la normativa canónica".
En relación con el caso que se ha hecho público, el Obispado ha explicado que, "desde septiembre de 2018", año en que se denunciaron los hechos, está "cumpliendo escrupulosamente con el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica, imponiendo las medidas cautelares necesarias, que incluyen la suspensión del ejercicio público del ministerio", a la vez que actúa "protegiendo en todo momento a las posibles víctimas".
Por último, en el comunicado el Obispado de Córdoba ha subrayado que seguirá "colaborando con la justicia civil, para favorecer el esclarecimiento de los hechos".