Certificación energética: lo que antes era un simple trámite burocrático, hoy define negocios en el sector inmobiliario español.
Desde 2013, España exige que todos los inmuebles en venta o en alquiler cuenten con la Certificación Energética, que clasifica las propiedades en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente), promoviendo la transparencia en el mercado inmobiliario e incentivando prácticas sostenibles.
Sin embargo, muchos edificios construidos antes de 2002 pueden contener materiales peligrosos, como el amianto, cuyo uso fue prohibido en España debido a sus riesgos para la salud. La presencia de esta sustancia representa un desafío para las reformas orientadas a mejorar la eficiencia energética, exigiendo cuidados especiales y la contratación de servicios especializados para su retirada segura.
Significado de la Certificación Energética
Más que una formalidad regulatoria, la Certificación Energética constituye una evaluación técnica integral que examina múltiples parámetros constructivos: desde el rendimiento térmico de la envolvente y la eficacia de los sistemas HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) hasta la optimización de la orientación solar y la calidad de los materiales empleados.
Datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) revelan que esta certificación tiene un impacto directo en la valoración de activos: los inmuebles clasificados como A o B valen hasta un 20% más que propiedades equivalentes con peor rendimiento energético.
Esta diferencia de valorización refleja un cambio estructural en el comportamiento del mercado: compradores e inquilinos priorizan cada vez más activos inmobiliarios que combinen eficiencia operativa (con reducción de costes energéticos) y sostenibilidad ambiental, una tendencia que se consolida en el contexto de la transición energética española.
Los desafíos de los edificios antiguos
Se estima que el 80% de los edificios españoles presentan baja eficiencia energética, lo que indica la necesidad de reformas para cumplir con las nuevas normativas, que exigirán, hasta 2033, una clasificación mínima de 'D' para inmuebles vendidos o alquilados.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 55% de los edificios en España fueron construidos antes de 1980, cuando no existía normativa sobre aislamiento térmico o sistemas eficientes. Para estos inmuebles, mejorar la clasificación exige fuertes inversiones en reformas, como el cambio de ventanas, el aislamiento de fachadas y la actualización de sistemas de climatización.
El gobierno intenta estimular la renovación con programas como el PREE 5000, que ofrece subvenciones de hasta el 80% para obras de eficiencia energética. Aun así, muchos propietarios se resisten.
El riesgo del amianto en obras de reforma
Entre estos materiales problemáticos, el amianto destaca como uno de los más preocupantes. También conocido como asbesto, fue ampliamente utilizado en la construcción en España hasta su prohibición, debido a sus riesgos para la salud.
Los materiales que contienen amianto pueden encontrarse en tejados, tuberías y sistemas de aislamiento. Cuando estos materiales son dañados o manipulados incorrectamente durante reformas, pueden liberar microfibras perjudiciales para la salud humana, que potencialmente causan enfermedades graves como mesotelioma y asbestosis.
Ante este riesgo, cualquier intervención en edificios que puedan contener amianto debe estar precedida por una evaluación cuidadosa por parte de profesionales cualificados.
En España, solo empresas especializadas están autorizadas para realizar la retirada de amianto, como la empresa RetiradaAmiant, asegurando que todo el proceso se lleve a cabo de forma segura y conforme a la legislación vigente.
Estrategias para mejorar la eficiencia energética con seguridad
Para propietarios de inmuebles antiguos que deseen aumentar su eficiencia energética, especialistas y organismos reguladores recomiendan una serie de medidas comprobadas. Una de las intervenciones más eficaces es la sustitución de ventanas antiguas por modelos con doble acristalamiento, que pueden reducir las pérdidas térmicas hasta en un 70%, según la Agencia Internacional de Energía (IEA).
Otra mejora significativa es el refuerzo del aislamiento en paredes y tejados, utilizando materiales como lana de roca o celulosa, una estrategia ampliamente defendida por el Departamento de Energía de EE. UU. y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) de España.
Además, la instalación de sistemas de energía renovable, como paneles solares, puede elevar la clasificación del inmueble a los niveles A o B, según lo indicado por directrices de la Comisión Europea. No obstante, antes de iniciar cualquier reforma, es esencial realizar una auditoría energética profesional, como recomienda la Directiva Europea de Eficiencia Energética, para identificar las medidas más ventajosas en cada caso.
Por último, en inmuebles construidos antes de 2002, es fundamental verificar la presencia de amianto, siguiendo las normas del Real Decreto 396/2006 de España, evitando así riesgos para la salud y complicaciones legales. Con estas estrategias, es posible modernizar edificaciones antiguas, haciéndolas más sostenibles y económicas.
Una certificación, múltiples implicaciones
En los últimos años, la Certificación Energética se ha convertido en uno de los principales criterios de decisión para compradores e inquilinos en España. Más que una simple formalidad burocrática, esta clasificación se ha transformado en un indicador de valor, ahorro y responsabilidad ambiental, redefiniendo las prioridades del sector inmobiliario.
Mientras Europa avanza hacia la neutralidad climática, España ha adoptado medidas rigurosas para garantizar que sus edificios sean energéticamente eficientes. En este contexto, los inmuebles bien clasificados no solo se valorizan en el mercado, sino que también representan el futuro de la vivienda sostenible.
