Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Junta de Andalucía, junto a efectivos de la comisaría de Lucena, colaboran desde esta mañana en el procedimiento de desahucio de cinco de las diez viviendas que todavía permanecían ocupadas irregularmente en la promoción de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en la zona de El Zarpazo.
El procedimiento es continuación del ejecutado en el pasado mes de enero, cuando ya se llevó a cabo una primera serie de "lanzamientos", tras comunicarse previamente a los inquilinos que en su día ocuparon ilegalmente los inmuebles un plazo improrrogable para el traslado de sus pertenencias y el desalojo de los mismos.
Esta mañana podía observarse en las calles que rodean al inmueble como las familias procedían cargar varios vehículos con todos sus enseres y pertenencias ante la mirada de los agentes, mientras varias empresas de cerrajería y albañilería esperaban el desalojo para inmovilizar las propiedades recuperadas.
Fuentes de la Junta de Andalucía han indicado que se trata de una actuación programada y fruto de los acuerdos alcanzados entre la anterior corporación municipal y la empresa pública AVRA, que tendrá continuidad en los próximos días con el lanzamiento de los inquilinos del resto de viviendas “okupadas”.
Las mismas fuentes señalan que todos los pisos desalojados hoy estaban ocupados por miembros de una misma familia, que residía en las mismas desde el confinamiento dictado por la pandemia de coronavirus y se tiene constancia de que cuentan con otros recursos de vivienda en la capital cordobesa.
La edil responsable de Vivienda, Miriam Ortiz, ha señalado a este periódico que esta actuación había sido adelantada por AVRA al Ayuntamiento, y desde esta delegación se había trabajado en los últimos días para conocer la situación y necesidades de estas familias y de los posibles menores a su cargo "para que este desalojo programado y previamente anunciado fuese lo menos traumático posible". Así, todo apunta a que la mayor parte de los desalojados volverán a Córdoba, aunque alguna de estas familias han solicitado formar parte del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda para poder acceder a una vivienda social de forma regulada.
El objetivo de estas actuaciones es volver a poner en uso estos pisos de forma regulada, atendiendo al Registro Municipal de Demandantes de viviendas de protección oficial. Cabe recordar que un porcentaje elevado de las 38 viviendas de tres dormitorios integradas en este edificio se encontraban hace solo un año en situación de "okupación" o impago reiterado de las cantidades pactadas con AVRA para acceder a esta promoción, entregada en el año 2015 y diseñada inicialmente como pisos en régimen de alquiler con opción de compra.
El Consejo Rector de la AVRA, organismo adscrito a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, aprobó en mayo la ejecución de actuaciones para mejorar la accesibilidad a 427 viviendas de su parque público residencial en alquiler en las ocho provincias de Andalucía por un coste total de 2.539.893 euros, incluyendo entre las actuaciones programadas la reparación, rehabilitación y mejora de 14 viviendas de esta promoción, situadas en las calles Alondra y Gavilán, para devolverlas a su estado anterior y, con ello, hacer que cumplan las condiciones de habitabilidad y legalidad urbanística que tuvieron en su origen, antes de ser okupadas.