El matrimonio lucentino acusado de un presunto delito de agresión sexual contra su propia hija, de solo seis años de edad, pasó ayer su primera noche en la prisión provincial de Córdoba.
Hasta allí llegaron después de que la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Lucena decretara para ambos orden de prisión provisional comunicada y sin fianza. Al padre, M.B.S., de 39 años, se le considera autor material de la presunta agresión sexual contra la niña. Su esposa, M.A.C.P., que no se encontraría en la vivienda en el momento de los actos, está imputada como autora de un delito de comisión por omisión, tras encubrir a su esposo.
Ambos fueron detenidos el martes en la localidad malagueña de Fuengirola, después de que se dieran a la fuga el día 12 de enero, tras sospechar su posible detención después de que Policía Nacional y Policía Autonómica se presentarán en su domicilio para llevarse a los cuatro hijos que todavía tenían consigo todos ellos menores, mientras la pequeña víctima de la agresión se encontraba aún en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Según ha podido saber LucenaHoy, en su huida utilizaron un vehículo todo hace indicar que prestado con el que incluso llegaron a ser identificados en Málaga en un control rutinario de la Guardia Civil de Tráfico, que lo requisó al comprobar que el conductor carecía de carnet de conducir. Sin embargo, y pese a existir una orden de busca y captura, un error habría permitido que siguiesen en libertad unas horas más, hasta que el lunes, efectivos de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola detuvieron primero a la mujer, que andaba por una calle de la ciudad, y más tarde a M.B.S., que se había escondido junto a su perro, en una casa a las afueras de la localidad costasoleña.
Poco ha trascendido sobre la comparecencia ante la juez en el día de ayer, salvo que la declaración de la mujer habría desbaratado la versión ofrecida por su esposo, provocando las primeras fisuras sobre la versión dada diez días antes en su primer paso por la comisaría de Lucena, después de que un médico forense del hospital Reina Sofía considerase que las heridas que sufría la pequeña podían haber sido producidas por una agresión sexual.
El paso por un centro penitenciario no es nuevo para M.B.S. Su detención e ingreso en prisión no es su primer episodio con la justicia. Según publica hoy el Diario de León, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de esta provincia lo condenó a 24 años de prisión, acusado de dos delitos de violación cometidos entre agosto y noviembre de 1994 en Ponferrada. Indica el periódico que no se pudo probar que hubo más agresiones, aunque se sospechó en el juicio que fue así. El fallo se conoció en octubre de 1995. Se señala en el mismo que «valiéndose del poder de influencia y atracción que ejercía sobre la niña» el condenado (fue obligado también a indemnizarla con dos millones de pesetas) mantuvo «relaciones sexuales plenas con penetración vaginal y rotura del himen de la menor en al menos dos ocasiones entre los meses de agosto y noviembre de 1994». La sentencia se basó fundamentalmente «en el testimonio de la víctima, que sin incurrir en contradicciones convenció al tribunal de que fue desflorada, hecho acreditado ginecológicamente». Expuso el Magistrado que no cabía la posibilidad de que la pequeña hubiese denunciado a su primo por animadversión «puesto que confesó que no quería que le pasara nada malo y demostró de sobra su cariño hacia el mismo, por lo que se considera fiable el testimonio de la niña». La familia de la menor consideró fue indemnizada a pesar de que el daño psicológico en el momento de los hechos fue calificado de «escaso» por los forenses. No obstante, la Audiencia aplicó el baremo teniendo en cuenta que se podía producir una evolución negativa en el futuro.
En cuanto a su esposa, actualmente embarazada, no contaba con antecedentes penales. Cuando ocurrieron los hechos se encontraba en Cáritas, gestionando unas ayudas a las que la familia, usuaria también de los Servicios Sociales municipales, se había visto obligada a recurrir últimamente, dada su precaria situación.
Ahora la policía investiga si los hechos de los que se les acusan son puntuales o podrían haberse cometido con habitualidad contra la víctima u otros miembros de su entorno familiar. La toma de declaración a los hijos aún pendiente de valoración por parte de los psicólogos del Servicio de Atención al Menor de la Junta de Andalucía, organismo que ha asumido su tutela provisional podría ser definitiva para saber si estamos ante un infierno compartido.