Según explican hoy distintos medios citando a fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias EFE, la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía, María José Lara, ha quedado esta madrugada en libertad con cargos, después de que anoche se acogiese a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya que instruye el caso, tras pasar a disposición judicial en torno a las 21:15 horas.
Las mismas fuentes han asegurado que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de un millón de euros, cantidad que garantizaría las cantidades pagadas por la celebración de cursos de formación no justificados debidamente a juicio de la fiscalía.
También pasó a disposición judicial la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, acusada de prevaricación y malversación de caudales públicos y que declaró ante la juez tras hacerlo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tras las dos ex directoras generales, fueron conducidas ante la juez Irene Sabalete, ex delegada de Empleo en Jaén, y una cuarta ex delegada de Empleo, que también quedaron en libertad.
Las otras doce personas detenidas en la operación "Barrado", irán pasando ante el juzgado de Alaya, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
Las detenciones se practicaron ayer después de los informes de la Intervención General de Andalucía relativos a las irregularidades en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La juez Alaya decretó en enero pasado el secreto parcial del caso ante la presunción de fraude en los consorcios y los "entramados empresariales" del sector de formación, y lo amplió tras analizar los informes de la Intervención sobre el SAE.