La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha requerido al ayuntamiento de Lucena la puesta en marcha de un plan de medidas correctoras en materia de personal en la Policía Local, tras detectar "riesgos que se califican desde moderados a muy graves" en aspectos como la participación de los agentes en la organización, la supervisión de tareas, la atención de a determinadas demandas psicológicas, carga de trabajo, interés por el trabajador o delimitación de competencias.
Así, la Inspección de Trabajo realiza al Ayuntamiento "una propuesta de medidas correctoras relacionadas con los incumplimientos descritos de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", indicando que la subsanación de los problemas detectados habrá de llevarse a cabo "en el plazo de 5 meses desde la notificación".
El escrito de la Inspección indica la necesidad de definir, clarificar y comunicar claramente el nivel de participación que se otorga a los distintos agentes en la organización y los medios para canalizarla, evitar sistemas de control que generen una supervisión excesiva y la flexibilización de la misma. En materia psicológica se pide al ayuntamiento que proporcione los medios adecuados, potencie el trabajo en equipo, fomente el liderazgo participativo, proporcione a los trabajadores entrenamiento en habilidades de autocontrol y soporte psicológico legal cuando sea necesario. También se pide al consistorio revisar los planes de promoción, atender las circunstancias individuales de los trabajadores o actualizar remuneraciones atendiendo a la diversidad de colectivos, garantizar un trato justo y no discriminatorio, establecer un procedimiento de actuación frente a los conflictos personales, distribuir las tareas de una forma equilibrada y prestar más atención a puestos donde los errores pueden tener consecuencias graves, definir claramente las funciones, competencias y atribuciones de cada puesto de trabajo, asegurarse de que las instrucciones llegan fielmente a los trabajadores y evitar situaciones de ansiedad.
Vicente Dalda y José de la Rosa, en la rueda de prensa celebrada ayer
El contenido de este requerimiento fue dado a conocer ayer por el concejal Vicente Dalda, acompañado por el representante de la asociación ANAMIB, Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo, José de la Rosa, que ha defendido el caso de algún miembro de la plantilla de la policía local. Dalda indicó que tras la realización de una evaluación de riesgos psico-sociales en la plantilla de la policía local, "que fue solicitada por todos los grupos políticos de la oposición y todos los sindicatos municipales y que intentó frenar el equipo de gobierno por entender que no estaba motivada", se evacuó por parte de la empresa independiente contratada por el ayuntamiento un informe que contenía las deficiencias argumentadas ahora por la Inspección de Trabajo y que "el equipo de gobierno guardó en un cajón". Así las cosas, y siempre según el relato del edil lucentino, dos sindicatos decidieron elevar este informe a la Inspección, que tras oír al Ayuntamiento, por boca de la propia concejal de Personal, Teresa Alonso, realizó la propuesta de resolución antes descrita, otorgando al consistorio un periodo de alegaciones que habría transcurrido sin que desde el ayuntamiento se formulen reparos.
Dalda indicó que "el ayuntamiento debe actuar rápida y eficazmente" en este tema, señalando que "no puede ser que un policía cuyo equilibrio psicosocial no sea perfecto por las condiciones en las que realiza su trabajo este trabajando con una pistola, no es razonable ni para el agente, ni para la población a la que debe atender ni para sus propios compañeros", por lo que pidió al equipo de gobierno, al que consideró responsable de esta situación, "que corrija los riesgos descritos".