La existencia de varios casos de COVID 19 entre sus ocupantes ha impedido esta mañana el desahucio de la veintena de personas que residen de forma irregular en el inmueble número 33 de la calle Huertas.
La comisión judicial se ha personado en la vivienda en torno a las 11 de la mañana, acompañada por media docena de agentes de la Policía Nacional y trabajadores de una empresa de multiservicios, para proceder al desalojo y sellado del inmueble, en el que conviven desde hace años en condiciones muy precarias varias familias de nacionalidad rumana.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado además la concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, el portavoz municipal de IU, Miguel Villa y representantes de la plataforma Stop Desahucios.
Gallardo mostraba su extrañeza por el hecho de que el ayuntamiento no hubiese sido informado previamente de este desahucio, toda vez que algunas de las familias que lo ocupan se encuentran "en situación de vulnerabilidad extrema" con varios niños a su cargo y son usuarias de los Servicios Sociales municipales. Según Gallardo "no se puede dejar a estas familias en la calle sin que exista un plan B". En este sentido, la edil socialista indicaba que "el desalojo de este inmueble, sobre el que existe un informe de insalubridad, es una de las prioridades del Ayuntamiento, pero debe hacerse garantizando alguna alternativa". Además, Gallardo ha recordado que la ley impide llevar a cabo el desalojo de viviendas ocupadas "al menos hasta que cese la situación actual de estado de alarma".
Por el momento, el desahucio, decretado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Lucena ha quedado en suspenso. El inmueble, al que el ayuntamiento proporciona agua durante varias horas al día debido a su situación de vulnerabilidad, es propiedad de un fondo de inversión, que lo adquirió al banco propietario del mismo.