Respecto a los otros tres condenados que eran miembros de la trama, a dos les rebaja de 39 a 36 años y dos meses por los mismos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual sobre persona menor de edad, por un delito cometido sobre persona mayor de edad, prostitución coactiva y un delito de inmigración ilegal; y al tercero la ratifica la pena de 13 años de cárcel.
Dice el Supremo que la trata de seres humanos "lo era con la finalidad de explotación sexual, y para ello era necesario burlar los controles administrativos de inmigración, y ya en nuestro país, obligadas a ejercer la prostitución en diversos clubs de alterne."
Es por ello que la Sala advierte en su sentencia, de la que ha sido ponente Julián Sánchez Melgar, que la trata con fines de explotación sexual se comete en algunos clubes donde la dignidad humana carece de la más mínima significación, en los que se obliga a ejercer la prostitución a extranjeras traídas a España, como si fueran "seres cosificados".El tribunal considera que "no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca", sino que "simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas y esclavizadas". Mujeres, añade, "a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a 'pagar' hasta el billete de ida a su indignidad".
Los hechos se remontan a 2009 cuando el jefe, alias "papá Busch" y "Mr. Godwin", contactó en Nigeria con una de las víctimas, que dada su precaria situación económica trataba de salir del país. Tras hablar con ella, el condenado le ofreció ayuda para llegar a España donde continuaría estudiando y lograría un trabajo de camarera. Ella accedió, se hizo el pasaporte y se lo entregó al acusado, que se lo pidió con la excusa de custodiarlo. Antes del viaje, la sometió a un ritual de vudú para atemorizar a la víctima, que, debido a sus creencias, pensaba que, si le desobedecía, tanto ella como su familia podrían morir o sufrir grandes males.
Al llegar a Madrid se encontró con una vida distinta a la prometida: le quitaron el pasaporte, el móvil y la agenda, le prohibieron contactar con su familia y salir sola a la calle. Después, el condenado le dijo que le debía 50.000 euros por el viaje y que tenía que trabajar en la prostitución para pagarle.
Tras legalizar su situación en España, la llevó a clubes de Lucena y La Carlota para ejercer la prostitución con un horario de trabajo de 17:00 hasta las 4:00. Todo el dinero iba para los dos responsables hasta que en 2012 saldó su deuda. Con las otras tres víctimas nigerianas -dos de ellas menores-, actuó igual, si bien una de ellas sabía que venía a España a ser prostituta.