Solo 30 de los 145 efectivos de la Comisaría de la Policía Nacional de Lucena-Cabra disponen de un chaleco antibalas de última generación. Esta es la denuncia, que a raíz de las muertes de la agente Vanessa Lage, en un reciente atraco en Vigo, o de Francisco Jiménez, quien falleció apuñalado en Málaga, ha realizado la Confederación Española de Policía. "La Dirección General de Policía ha sido muy egoísta porque creo que debe dotar a sus funcionarios; son obreros de la seguridad pública", declaró Fernando Ramón Calderón, secretario regional de Andalucía Occidental y Ceuta y provincial de Córdoba de la CEP a las puertas de las oficinas situadas en la calle Miguel Cruz Cuenca.
Este portavoz del sindicato indicó que la comisaría local de Lucena "es una de las de mayor entidad de toda España por el número de catálogo". Actualmente, según apuntó, son 145 los policías adscritos a la misma y solicitó "por favor" que se cubran las 5 plazas vacantes de la escala básica y recordó que deberán añadirse 5 de la ejecutiva desde principio de año.
El secretario de organización de la provincial de Córdoba de la CEP mostró, tal y como se observa en la imagen, un chaleco antibalas "comprado por un funcionario" y que cuesta aproximadamente entre 500 y 600 euros. "Con los sueldos que tenemos no podemos", manifestó Fernando Ramón Calderón. "Esta protección puede permitir parar una 9 milímetros parabellum, una cometida con un puñal o arma blanca y una aguja hipodérmica", explicó.
"En Lucena prosiguió- se les han dado 30 chalecos unipersonales a 30 personas que han tenido suerte y los radiopatrullas tienen 2 obsoletos, fabricados entre los años 1989, 1990, 1992 y 1996 y que no sabemos si continúan con todas las propiedades", expuso. Durante toda su comparecencia, requirió estas prendas "no solo a los radiopatrullas o al grupo operativo de respuesta" sino "también al funcionario que está en la puerta porque ha habido casos, como el ocurrido en la Calle del Doctor Fleming en Córdoba, en que se intentó apuñalar a un compañero en el mismo puesto".
Asimismo, aludió a otras situaciones que consideró impropias. "En Lucena hay ahora mismo una furgoneta prestada y hay entidad suficiente para tenerla en propiedad". Igualmente, exigió que "cuando se preste un vehículo camuflado, hay que devolverlo".
En su alegato, exculpó "al jefe de Lucena y al jefe provincial de Córdoba" y acusó de los problemas a la Dirección General de Policía.
Finalmente, insistió en que los chalecos que portan los radiopatrullas y que de acuerdo a sus palabras no "pudo" enseñar- "pesan muchísimo, son incómodos, dificultan el uso del arma de fuego y no cubren los costados". "A partir de enero, si no se cumple lo prometido, vamos a hacer actos de protesta", concluyó".
MANUEL GONZÁLEZ