El juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Lucena ha archivado el caso del burro de cuatro meses que falleció en el Belén Viviente de Lucena en diciembre de 2014, tras ser supuestamente golpeado por un hombre. La jueza ha decretado el sobreseimiento –por segunda vez– al considerar que los hechos denunciados no constituyen un delito penal y que no existen indicios suficientes que justifiquen una investigación exhaustiva. La ONG malagueña "El Refugio del Burrito", que en su día se manifestó contraria al sobreseimiento, ha recurrido hoy esta decisión.
En su auto, la magistrada señala que "no se acredita ninguna acción agresiva por parte del denunciado, ni desatención por parte de la Administración que sea digna de reproche penal", pero deja las puertas abiertas a posibles sanciones civiles y/o administrativas.
Tanto el ayuntamiento de Lucena como El Refugio del Burrito presentaron una denuncia contra el hombre que supuestamente propinó varias patadas al animal, que falleció pocos días después. Además, la asociación protectora de burros y mulos interpuso otra denuncia contra el Ayuntamiento de Lucena por una presunta responsabilidad penal "por no atender al burrito durante los días que estuvo malherido, tumbado en el suelo", antes de ser solicitada atención veterinaria.
El auto de la jueza indica que "aún en el supuesto de que se entendiese que sí se ha justificado una conducta agresiva, no se ha determinado cuál fue la causa real del fallecimiento del animal, por lo que no se ha acreditado el nexo de causalidad que debe existir para que exista el tipo penal investigado".
La jueza estima que los informes veterinarios no son concluyentes respecto a si la muerte del animal fue causada por una agresión y no toma en consideración dos de los informes presentados por expertos. Por otra parte, el testigo que en una primera declaración afirmó haber visto al supuesto agresor golpeando al burro, cambió su testimonio al ser interrogado por segunda vez.
El Refugio del Burrito ha pedido que se investigue la presunta responsabilidad penal del Ayutamiento de Lucena, a cargo de la posesión y el cuidado del burro.
El Refugio del Burrito considera que no ha habido voluntad de esclarecer los hechos que sí podrían ser punibles bajo el Código Penal, por lo ha recurrido la decisión de la magistrada.