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La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formulado decreto en el que se resuelve archivar las diligencias instruidas en su día a instancias del Sindicato Unificado de Policía por supuestas "coacciones y amenazas" que según el sindicato habría realizado el responsable de la comisaría a sus subordinados para identificar a ciudadanos "indiscriminadamente con el objetivo de subir las estadísticas de la comisaría". El Fiscal considera que no se ha acreditado que los hechos sean constitutivos de infracción penal", señalando además que contra esta resolución no cabe recurso alguno.
El fiscal considera que "ha quedado acreditada la discrepancia entre el sindicato denunciante y las personas que dirigen la Comisaría de Lucena en relación con las medidas que se pueden adoptar para realizar un servicio que se considera por el Inspector Jefe denunciado que debe mejorar y expone en su informe los motivos por los que considera que el rendimiento de los agentes que lo prestan no es el adecuado e insta a las personas que de él dependen a que el servicio mejore", decisión que el fiscal entiende que no puede considerarse caprichosa o arbitraria y que, en todo caso, podría dar lugar a un recurso administrativo, pero no penal, como pretendía el sindicato.
El escrito remitido en su día al Juzgado estaba firmado por 17 agentes de la Comisaría de Lucena, si bien dos de ellos matizaron su firma en el documento y un tercero se desvinculó del mismo, señalando otros dos que no habían recibido coacciones y que firmaron el escrito por rumores o por lo que se decía en la Comisaría".
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