El ayuntamiento de Lucena ha pedido a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con Sede en Sevilla, que ponga en marcha la ejecución de la sentencia de finales de enero pasado, que condenaba a la Consejería de Empleo a satisfacer al consistorio la cantidad de 317.425 € por el impago de las cantidades conveniadas entre ambas instituciones por el uso de las instalaciones municipales del complejo educativo de Los Santos para la impartición de cursos de formación profesional ocupacional, así como las costas judiciales del procedimiento.
La decisión, confirmada a este periódico por la concejala de Hacienda, Araceli Bergillos, se adopta una vez transcurridos tres meses de que se dictase sentencia, sin que la administración andaluza haya hecho efectivo el pago de las citadas cantidades.
Bergillos ha señalado que se trata de "un paso más" en el contencioso que mantiene el Ayuntamiento con la Consejería como respuesta al impago por parte de la Junta de Andalucía de sus obligaciones en virtud del Convenio de Colaboración y posterior "adenda" suscritos entre el INEM y el Ayuntamiento de Lucena el 28 de octubre de 1988 para el uso de parte del Complejo "Los Santos".
Entre las cantidades incluidas en esos 317.425 euros, figuran 168.206 euros por gastos de mantenimiento de zonas comunes correspondientes al periodo 2005-2009 y otros 149.219 euros de consumo eléctrico de los años 2007 a 2015.
La Junta se negó en su día a abonar dichas partidas e incluso culpó al ayuntamiento de su falta de pago, indicando "la imposibilidad de pagar" el consumo eléctrico por un presunto "incumplimiento" del convenio de cesión de uso por el consistorio al no instalar contadores diferenciados o constituir una comunidad de usuarios.
Bergillos ha indicado que el ayuntamiento sigue el proceso administrativo para reclamar por vía ejecutiva el pago de algunas facturas adicionales, principalmente de suministro eléctrico, adelantadas por el consistorio lucentinos con fecha posterior a la interposición de la demanda judicial. No obstante, son ya cantidades menores, dado que recientemente Empleo instaló un contador propio.