El portal digital "El independiente" señala hoy en sus páginas que dos prejubilados lucentinos de la extinta Bilore testificarán en el juicio en el que los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 21 ex altos cargos se sientan en el banquillo por su hipotética responsabilidad en el diseño, establecimiento o mantenimiento del sistema de ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración y empresas en crisis, popularmente conocido como Caso ERE.
La acusación popular que ejerce el PP ha solicitado las testificales de Juan Antonio P.O. y Rafael C. M., antiguos empleados de la planta industrial de Bilore en Lucena y dos de los siete beneficiarios de la póliza de prejubilaciones que la Administración andaluza sufragó a esta empresa. El tribunal aceptó que declaren estos ex trabajadores de Bilore, sin que se haya fijado fecha aún.
Según afirma "El Independiente" los testigos declararán en el juicio de la rama política del caso antes que en la fase de instrucción de la pieza, en relación con la participación que pudiera haber tenido Manuel Chaves en la concesión y pago de prejubilaciones a los antiguos trabajadores de la empresa lucentina, cuyas pólizas se formalizaron con las aseguradoras Apra Leven y Personal Life y que conllevaron pagos para la Administración andaluza por importe de 1.603.557 euros, imputados a la partida presupuestaria 31.L. Esta es una de las cerca de 300 ayudas que se investigan en el marco del caso ERE.
En su atestado, los agentes de la UCO indican que uno de los motivos por los que se pudieron conceder las ayudas fue "la entrega de una carta" que los ex trabajadores de Bilore le hicieron llegar en Osuna al alto cargo de la Consejería de Presidencia y persona de la máxima confianza de Chaves en la que pedían la intercesión de éste ante el sombrío panorama laboral que atisbaban.