Hidalgo ha señalado que el asunto, que puede afectar en Lucena a más de 800 viviendas fura de ordenamiento urbanístico en zonas como Campo de Aras y otros diseminados y zonas de segunda residencia, no ha sido dictaminado previamente por la comisión informativa de Hacienda ni goza de consenso. "Si de lo que ahora se trata es de fijar una tasa, debemos tener presente que debe ajustarse al coste del servicio prestado, y evitar gastos superfluos", afirmaba Hidalgo.
Hidalgo ha afirmado que: "Nuestro partido está atento al redactado de la LISTA (Nueva Ley del Suelo de Andalucía), introduciendo nuestras propuestas. Y tendremos que actuar en consonancia con lo que se disponga, pero teniendo muy presente que las soluciones no pasan por el expolio económico ni por impuestos abusivos".
EL DECRETO
El Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, aprobado en septiembre de 2019 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pretende resolver una situación que en Andalucía afecta a más de 300.000 familias. Esta norma, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la comunidad al margen de la legalidad urbanística, sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas.
El origen de estas edificaciones, fuera de toda planificación, provoca que no cuenten con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad.
El decreto ley pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los procesos.Desde la Junta siempre se ha mantenido que con este decreto ley no se pretende dar una "amnistía", ya que se priorizará "la actuación inspectora y sancionadora", pero sí una respuesta a la problemática actual.
La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.
El nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.
En segundo lugar, los asentamientos debían figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos. Con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU.
Hasta ahora, había que esperar nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. Ahora el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos.
Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
La regulación de las tasas municipales que deben satisfacer los propietarios de estas viviendas para proceder a su regularización y el rpocedimiento a seguir es el objeto de este punto del orden del día.