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A las 12:30 horas del martes se iniciaba en el Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba el juicio por el presunto despido improcedente de diez trabajadores de las piscinas públicas municipales en el pasado mes de julio.
Con la incomparecencia de una de las partes demandadas: Hydra Gestión Deportiva, S.L., se inició la vista en la que intervinieron los letrados Francisco Criado Espejo (en representación de los diez trabajadores), Rafael Pérez Molina (en representación del Ayuntamiento y del P.D.M.) y José Beato Fernández (en representación de la actual concesionaria del servicio Bases Sport, S.L.)
Según ha explicado USO, el representante de Bases Sport, S.L. afirmó durante el desarrollo de la sesión "que su representado se limitó a seguir instrucciones del P.D.M. tanto sobre a quién contratar y a quien no, así como la modalidad del contrato", aportando asimismo un documento del que no tenía constancia el sindicato por el cual tanto el Ayuntamiento como el P.D.M. eximen a dicha entidad mercantil de toda responsablidad que pudiera derivarse por resolución judicial, asumiendo dicha responsabilidad ambos entes públicos.
Siempre según USO, el representante del Ayuntamiento y del P.D.M., Rafael Pérez Molina, solicitó que se declare sentencia absolutoria para sus patrocinados, en base a la caducidad de la demanda, afirmando que a quien habría que haber demandado era al P.D.M. y no al Ayuntamiento, así como a que el Convenio de Instalaciones Deportivas y Gimnasios no es de aplicación en el Patronato Deportivo Municipal, lo que según el sindicato contradice los numerosos contratos firmados por el Presidente de dicho Organismo Autónomo, Agustín Corrales "en los que al reverso y en la cláusula novena y en negrita puede verse la aplicación del referido Convenio", documentando dicha afirmación con la aportación a este medio de uno de dichos contratos.
Por el letrado que asiste a los trabajadores, todos ellos afiliados de USO, se volvió a solicitar la nulidad de los despidos, haciendo hincapié en la maraña de documentos generados tanto por el Ayuntamiento como por el P.D.M. con el único objetivo de despojar de todo derecho a estos trabajadores.
Desde USO se mantiene la confianza en que "la justicia que desde el cogobierno municipal se les negó a estos trabajadores, se la devuelva una resolución judicial".
La sentencia podría conocerse en unos días. Caso se ser condenatoria para el ayuntamiento podría suponer la readmisión de los trabajadores o el pago de una cuatiosa indemnización que, junto a los salarios de tramitación sueldos de estos trabajadores desde su despido en julio hasta la fecha de la sentencia podría superar los 100.000 euros.
Cabe señalar que el primero de los juicios por este tema, celebrado hace unos meses, se saldo con condena para el ayuntamiento. No obstante el consistorio ha recurrido la sentencia.
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