El PP ha reclamado hoy "responsabilidades políticas" del alcalde, Juan Pérez, o de la edil de Servicios Sociales, Teresa Alonso, en relación a las distintas vicisitudes por las que ha pasado la licitación y adjudicación del servicio de ayuda a domicilio.
El portavoz del PP, Paco Huertas, ha anunciado que la comisión correspondiente determinó ayer comunicar a la empresa Ineprodes, primera clasificada en el concurso público convocado por el Ayuntamiento, su decisión de no adjudicarle el contrato tras detectarse distintas irregularidades en la documentación presentada por la firma egabrense. Asimismo se determinó realizar nueva una propuesta de adjudicación en favor de la firma Servisar Servicios Sociales, que inicialmente había quedado clasificada en segundo lugar y que ahora deberá formalizar el contrato.
El concejal popular, Francisco Aguilar, ha asegurado que "el alcalde ha actuado irresponsablemente" en este tema y que el equipo de gobierno "ha demostrado que quería adjudicar este contrato a toda prisa, sin que sepamos por qué".
Según Aguilar, la labor fiscalizadora del PP ha sido fundamental para poner de manifiesto diversas cuestiones que hacían inviable la concesión de este concurso público, entre las que han enumerado la ausencia de documentación fundamental como la cuantificación económica de las mejoras ofertadas o las cuentas anuales depositadas de los tres últimos años, de cuyo estudio, una vez entregada "fuera de plazo" a juicio del PP, se ha resuelto la existencia de importantes diferencias contables entre lo manifestado en la aportación inicialmente trasladada por la empresa y la oficial. Pero además, desde el PP se ha constatado que "la empresa tenía caducada desde julio de 2016 la acreditación de la Junta de Andalucía para prestar el servicio" y que careció de la misma en parte del periodo establecido en las bases del concurso, no disponiendo de la misma hasta febrero de este mismo año. Según el edil popular, "desde el equipo de gobierno no se detectaron estas incidencias o no se han querido detectar", aunque finalmente todo ello ha sido decisivo para que la comisión decidiese ayer "por unanimidad" anular la propuesta de adjudicación a Inepodes y proponer a la siguiente clasificada en el concurso público.
Por su parte, la concejala del PP, Rosario Valverde, lamentaba que desde el equipo de gobierno se haya acusado de forma permanente a su grupo de "intentar poner trabas a esta adjudicación" cuando ha quedado demostrado que se ha limitado a ejercer la labor fiscalizadora que tienen encomendada como grupo de la oposición, fruto de la cual se han puesto en evidencia las incidencias anteriormente reseñadas.
La decisión adoptada ayer deja ahora abierta la posibilidad de un recurso de Ineprodes o incluso de la apertura de un procedimiento judicial, así como la posibilidad de que el ayuntamiento se incaute de las fianzas recibidas como garantía –225.000 euros– "ya que al ser la empresa la que no ha cumplido se entiende jurídicamente como una renuncia al contrato".
Pese a todo, el portavoz del PP, Paco Huertas, ha querido dejar claro que el servicio está "plenamente garantizado" y que no corren ningún riesgo "ni los puestos de trabajo –unos 170– ni la asistencia a los 400 usuarios del mismo".
El contrato de este servicio es el más elevado de cuantos realiza la corporación municipal, ascendiendo a unos 9 millones de euros en los dos años iniciales más dos de prórroga establecidos en el pliego.