Aguilar ha contrapuesto "el inmediato interés" mostrado en el mes de abril por la edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, y el portavoz de IU, Miguel Villa, ante el procedimiento de lanzamiento por mandato judicial de la veintena de "ocupas" de una vivienda de la calle Huertas, a los que el propio consistorio tiene garantizado el suministro de agua, y la decisión del PSOE de llevar a pleno el encargo a los servicios jurídicos externos del procedimiento de desahucio y desalojo de esta otra familia.
El portavoz municipal del PP ha adelantado hoy que su grupo votará en contra de este asunto en el pleno del martes e intentará convencer al resto de grupos de la oposición para que también lo hagan.
Y es que según Aguilar, a la vista del expediente municipal, "no existe ninguna prueba documental de que la familia haya sido notificada del expediente de ejecución de la deuda contraída, de la orden de subasta del inmueble o de la intención del ayuntamiento de ponerlos en la calle, más allá de una notificación de Hacienda Local que esta familia niega". Tampoco se explica la naturaleza de la deuda de 37.000 contraída por la familia, ni las propuestas o alternativas planteadas por el Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo de pago de la misma en las "dos o tres reuniones" que el equipo de gobierno asegura haber mantenido con la familia afectada.
Para el PP todo ello se traduce en una situación de "inseguridad jurídica" para la familia, sin que se haya planteado en este caso "el plan B, que la concejala de Servicios Sociales solicitaba para las familias ocupas de la calle Huertas".
De hecho, el PP considera que en este caso incluso existen indicios de una "posible nulidad de pleno derecho del expediente administrativo" y antecedentes de posicionamientos en este sentido por parte del TSJA en casos similares.
Aguilar ha querido dejar claro que el PP "no está a favor de que ningún ciudadano deje de pagar sus tributos, pero tenemos que buscar fórmulas y esta que plantea el equipo de gobierno no es la más correcta, por lo que vamos a luchar para este punto no salga adelante y se busque una solución" que permita "que el Ayuntamiento recupere su dinero y se salvaguarde el interés público, sin un perjuicio directo a una familia con dos menores a su cargo"