La portavoz socialista en el ayuntamiento de Lucena, Teresa Alonso, ha adelantado hoy la voluntad del equipo de gobierno de conseguir que la licitación del servicio de ayuda a domicilio pueda pasar el filtro de la aprobación plenaria el próximo 30 de junio.
Alonso hacía estas declaraciones tras la reunión que esta mañana han mantenido los distintos grupos políticos municipales, en la que se han puesto sobre la mesa nuevas propuestas para intentar incluir en el pliego de condiciones económico-administrativas varias cláusulas que vengan a mejorar las condiciones socio-económicas de la plantilla que presta el servicio, que la pasada semana anunció su intención de iniciar movilizaciones, entendiendo que se han caído del pliego que el PSOE pretendía llevar a pleno la mayor parte de los compromisos adquiridos con este colectivo.
No obstante, la edil socialista ha señalado que "es un pliego complejo, no solo por el importe de la contratación, sino también por la situación del sector a nivel general", que ha derivado en la presentación de alegaciones a los concursos puestos en marcha por varios ayuntamientos por parte de las propias empresas, ocasionando una ralentización o suspensión de los concursos, como ya ocurrió en Lucena.
Las nuevas propuestas, sobre las que según Alonso existe un consenso casi total, serán remitidas a los servicios jurídicos para que elaboren un informe sobre la idoneidad de las mismas.
"Es difícil elaborar un documento que se corresponda con las expectativas o deseos de los ayuntamientos y que no suponga un riesgo de recurso", ha señalado Alonso, que ha vuelto a manifestarse en contra de la municipalización del servicio, indicando que "la principal dificultad sería la absorción de los actuales trabajadores". Según Alonso, las actuales limitaciones normativas para incrementar la plantilla de los ayuntamientos impedirían la contratación de los 172 trabajadores de la ayuda a domicilio, y en cualquier caso sería necesario realizar un procedimiento selectivo para cubrir las plazas, haciendo imposible que se pueda garantizar el mantenimiento del personal que actualmente presta el servicio.
Teresa Alonso ha querido tranquilizar a los usuarios, asegurando que "no hay un plazo máximo de prórroga del contrato si está justificado", lo que obligaría a la actual empresa, Servisar Servicios Sociales, a mantener la actividad.