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El pasado viernes se celebró la primera de las reuniones entre técnicos de la Gerencia de Urbanismo y la Junta de Andalucía para realizar un último intento de acuerdo sobre el pago de los terrenos ocupados en su día por la consejería de Obras Públicas para la ejecución del trazado de la autovía del Olivar entre Lucena y Cabra.
El concejal de Urbanismo, Miguel Villa, ha indicado a LucenaHoy que "existe un clima proclive a favorecer algún tipo de acuerdo", aunque lo cierto es que hasta el momento el mismo no ha sido posible pese al empeño municipal en que la Junta acepte la culminación del expediente de expropiación de los suelos iniciado en su día por la propia Junta de Andalucía, en el que se incluían documentos que certificaban un valor aproximado de 1,1 millones de euros para los citados terrenos.
La Junta plantea dos problemas. De una parte no reconoce la validez documental de la referida valoración como parte del expediente y considera que el valor de los suelos apenas supera los 250.000 euros. De otra parte argumenta que la administración autonómica ha realizado cesiones de terreno y obras complemetarias por valor de 2.5 millones de euros, que compensan ampliamente la posible deuda con el consistorio lucentino.
La negociación será ardua, ya que las posturas son antagónicas. Villa ha indicado que "en estos momentos el único compromiso es el de agotar la negociación de una forma rápida, por lo que las reuniones se van a suceder de forma continuada hasta intentar alcanzar un acuerdo". No obstante el edil de IUCA mantiene la opción, manifestada hace dos meses, de llevar a la Junta de Andalucía a los tribunales si el pacto no llega finalmente y que sean los tribunales quienes determinen quién tiene la razón.
Todo apunta a que, caso de producirse un final pactado sobre este antiguo contencioso entre ayuntamiento y Junta de Andalucía, el mismo pasará necesariamente por una cesión de ambas partes en sus pretensiones iniciales. Primero la administración andaluza debería dar carpetazo al protocolo firmado en su día por el ex-alcalde José Luis Bergillos y la entonces consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, por el que el consistorio aceptaba una compensación del suelo mediante obras, protocolo que no llegó a suscribir el pleno. Después la Junta debería finalizar el expediente de expropiación, fijando el pago de un justiprecio por los suelos ocupados. Por último el ayuntamiento debería ceder en parte de sus pretensiones y aceptar que algunas de las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía, como el nuevo acceso peatonal al campo de fútbol, valorado en 200.000 euros o algunas obras sobre los colectores del río, se descuenten de ese justiprecio.
La próxima semana habrá una nueva reunión.